"Vamos a tratar de salvar estas obras obras públicas". Esa es la respuesta de Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura, al preguntarle qué pasará con el nuevo puente del Saprissa y el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales.
Uno de estos proyectos descongestionaría el ingreso de vehículos a San José desde Tibás, varios cantones de Heredia y Limón. El viaducto es urgente para agilizar el tránsito por la carretera de Circunvalación.
No obstante, la Contraloría General de la República (CGR) anuló la semana anterior la adjudicación de esas construcciones porque la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) niega hacer públicos los expedientes de las obras.
En el caso del puente del Saprissa, la construcción fue otorgada al consorcio integrado por las constructoras MECO y Puentes y Calzadas por $22,3 millones. Mientras que el viaducto de las Garantías Sociales fue asignado a MECO por $17 millones.
Es la segunda vez que la Contraloría invalida esas adjudicaciones.
LEA MÁS: Conavi insiste en adjudicar a empresa Meco nuevo puente del Saprissa
La CGR argumentó que la confidencialidad de los expedientes afecta el derecho de las constructoras interesadas a apelar durante el proceso de contratación y resta transparencia en el uso de los fondos públicos.
Buscar ‘apertura’
Según Guisselle Alfaro lo que buscan es "mayor apertura" de las partes involucradas en el proyecto para sacar adelante la infraestructura.
"UNOPS ha sido claro en que hay que respetar la normativa nacional, pero nosotros también debemos respetar lo acordado en los contratos con esa organización", manifestó la viceministra.
Agregó que la CGR no ha planteado objeciones relacionadas con la parte técnica de los proyectos, de ahí la importancia de resolver el conflicto administrativo y avanzar con las obras.
"UNOPS compartió íntegramente los expedientes solicitados por el Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), y este a su vez los remitió íntegramente a la Contraloría (...) UNOPS mantiene una voluntad de permanente cooperación con el Gobierno, ya sea en el marco de actividades de contratación, como en el marco de actividades de asistencia técnica, relacionadas con su mandato y especialidad en aspectos de infraestructura", declaró Alejandro Rossi, director de UNOPS, por medio de un correo electrónico.
Rossi reiteró que UNOPS se mantendrá al frente de los diez proyectos que el Gobierno les ha encargado.
LEA MÁS: Contraloría anula contrataciones de UNOPS por ocultar expedientes
Una relación criticada
La función de UNOPS es gestionar la contratación de diseños y construcción de las obras a cambio de un porcentaje del costo. Esa relación ha sido cuestionada, en los últimos dos años, por diputados de varios partidos políticos, la prensa y las constructoras.
Uno de los aspectos más criticado es que el Gobierno firmó un acuerdo de confidencialidad con esa agencia de la ONU para mantener los expedientes de contratación en reserva.
Además, el MOPT adelantó a UNOPS más de $60 millones de un préstamo solicitado por Costa Rica.
El dinero, transferido por el Consejo Nacional de Vialidad, entre octubre de 2014 y diciembre de 2016 en seis pagos, fue depositado a la agencia en cuentas suyas en el banco estadounidense JP Morgan Chase, sin que esa organización de las Naciones Unidas diera una garantía por los fondos.