Una vez más, la ruta nacional 4 entre Bajos de Chilamate en Sarapiquí y Vuelta de Kooper en San Carlos se inundó. Los fuertes aguaceros de la noche de este lunes 18 de octubre evidenciaron las deficiencias de la evacuación pluvial de la autopista inaugurada en 2017. El punto exacto de la llena es en la entrada a la Finca La Lydia, en Pital de San Carlos.
De acuerdo con vecinos de la zona, el jueves 7 de octubre ocurrió una inundación similar, pero de mucho menos gravedad en comparación con el percance de este lunes. La carretera ya se había inundado el 24 de agosto de 2017, en el mismo sector, apenas un día después de ser inaugurada por el entonces mandatario Luis Guillermo Solís.
En ese momento, María del Carmen Gallardo, ingeniera del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y encargada del proyecto, aseguró que se trató de un “aporte extraordinario de agua”.
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Olman Vargas, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, declaró en aquella oportunidad que lo ocurrido “no es normal”.
“Las carreteras se diseñan para un período que puede oscilar entre 10, 20, 30 años. En ese sentido, desde el punto de vista hidrológico, se calculan lluvias de máxima intensidad en esos períodos. En síntesis, no es normal que se inunde una carretera al día siguiente de su inauguración, sería una casualidad demasiado grande que la intensidad máxima de lluvia utilizada en el cálculo hidrológico se dé al día siguiente de inaugurada”, añadió.
Por su parte, la empresa Constructora Sánchez Carvajal, encargada de edificar el proyecto, aseguró que dicho problema es ocasionado por errores en diseño de la vía, lo cuál “es responsabilidad única y exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
“Constructora Sánchez Carvajal tuvo a su cargo únicamente la construcción de la vía, siguiendo los planos de diseño proporcionados por el MOPT. El problema no es por mala construcción de este proyecto, sino por un defecto en el diseño”, aclaró la empresa.
La obra comenzó a construirse en el 2013 y su costo se vio incrementado por los constantes atrasos, hasta alcanzar los $80 millones.