EscucharEl costo de viajar por la nueva vía de 60 km entre San José y San Ramón será igual o mayor a los ¢4.000 previstos por la concesionaria brasileña OAS en la propuesta que descartó el Estado en abril de 2013.
Así lo afirmó el ingeniero civil German Valverde, nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, cuando se le consultó si existe la probabilidad de que las tasas sean iguales o mayores a las calculadas por Constructora OAS: "Claro, y eso se lo respondo desde mi perspectiva personal", respondió a La Nación.
¿Cómo cree que tomará la opinión pública ese anuncio?, se le consultó. "Ese es un tema que habrá que trabajar y dependiendo de la magnitud del monto de los peajes habrá que buscar alternativas de solución (...) Una opción posible es fijar un peaje sombra (menor al importe real) con algún aporte del Estado para que el peaje sea socialmente aceptado", dijo Valverde, quien asumió como jerarca del MOPT la semana pasada.
OAS calculó en marzo del 2013 que la tarifa de los peajes sería de ¢1.965 (por sentido) y de ¢3.930 (ida y vuelta).
Sin embargo, grupos organizados de vecinos de San Ramón y otros cantones, objetaron el costo, por alto, y obligaron al gobierno de Laura Chinchilla a rescindir el contrato de concesión de 30 años con la constructora, la cual iba a financiarlo y entregarlo "llave en mano" con una inversión de $524 millones.
Para finiquitar el acuerdo, el Estado debió pagar al gigante brasileño una indemnización de $35 millones.
Con la obra varada, los diputados decidieron crear la figura de fideicomiso para construir una nueva carretera en la ruta actual. El 11 de febrero del 2016, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), concedió al Banco de Costa Rica (BCR) la administración del fideicomiso, pero el plan aún no avanza dado que el Banco exigió adecuar el contrato para también entregar la obra "llave en mano".
La Contraloría General de la República decidirá si acepta esa condición. Valverde, de hecho, cree que la construcción se iniciaría en el próximo gobierno, que asumirá a partir de mayo del 2018.
BCR confirma
El Banco de Costa Rica confirmó lo dicho por el ministro Valverde en cuanto a los costos.
"La suposición (del ministro) es válida en cuanto a que los costos de construcción suben año a año, y en cuanto a que el proyecto original era menos ambicioso. Por ejemplo, entre otros elementos, tenía un solo carril por sentido en el tramo más largo, o sea, desde el Aeropuerto Juan Santamaría hasta San Ramón", declaró Pedro Pablo Quirós, gerente del proyecto.
La propuesta actual es construir cuatro carriles por sentido entre La Sabana y el Monumento del Agua, tres carriles por sentido del Monumento del Agua al aropuerto Juan Santamaría y del aeropuerto a San Ramón dos carriles por sentido. El cálculo del número de carriles fue hecho por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica.
"Además de la cantidad de carriles y ancho de vía mencionados en la pregunta anterior, está el nivel técnico exigido a la vía, donde se destaca la velocidad en el diseño. En el caso anterior la definición de tipo de carretera era inferior al exigido en la nueva especificación. Esto también impacta el monto de peaje", agregó Quirós.
La tarifa exacta de los peajes y el valor total de la carretera se conocerán hasta que el BCR defina los diseños, costos y realice la estructuración financiera del proyecto.
Este proceso, según Valverde, podría tardar un año o más, por lo que descartó que la construcción pueda iniciarse dentro de este Gobierno.
"El estudio de estructuración financiera es fundamental y una vez que se tenga ese estudio se deben hacer negociaciones para buscar el financiamiento y eso toma un año, en general por lo que yo conozco se tarda un año. Si iniciaramos en julio, hasta julio del próximo año finalizaríamos esa etapa y desopues podríamos ejecutar", añadió el titular del MOPT.
En la actualidad, el contrato de fideicomiso para la construcción de la carretera de 60 kilómetros debe ser enviado a la Contraloría General de la República (GCR) para que se apruebe una modificación que aumenta los gastos relacionados con la unidad ejecutora del proyecto y las potestades y responsabilidades del BCR sobre la obra.
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Disconformes
Paul Brenes, dirigente comunal en San Ramón y uno de los impulsores de la ley que permitió crear un fideicomiso para esta via, criticó la postura del ministro Valverde.
Según estimaciones hechas por los proponentes de la ley, el costo de ampliar la ruta sería de $440 millones.
No obstante, Mario Barrenechea, gerente general del BCR, ha dicho, en varias oportunidades que el costo es cercano a los $600 millones.
Incluso, el ministro Valverde acotó que "pueden ser más" y todo dependerá del estudio de estructuración financiera del proyecto y se determine "el alcance de la obra".
"Yo no estoy de acuerdo con el señor ministro, me parece que él no tiene la información completa (...) Nadie puede decir que la carretera o los peajes cuestan más de lo proyectado por nosotros porque no existe, aún, un estudio serio que diga lo contrario", comentó Brenes.
El líder declaró que durante tres meses, con ayuda del Conavi, la UCR, el Lanamme y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos determinaron que el peaje ida y vuelta sería de ¢2.817 durante los primeros nueve años de operación de la vía y a partir del décimo año sería de ¢1.000.
José Alberto Vásquez, representante de la ciudadanía en el Comité de Fiscalización de la obra, señaló que "en estos momentos no se tienen planos exactos de lo que se va a hacer en esta carretera y entonces no sé de dónde están sacando costos o proyecciones de lo que costarán los peajes".
El año anterior, Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura, afirmó que cancelar la concesión con OAS fue un error, pues, el país perdió tiempo valioso para la ejecución del camino.
El calvario con la construcción de la carretera comenzó a finales de la década de los 90. En el 2004, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) adjudicó la obra a Autopistas del Valle por 25 años, pero en el 2009, la empresa dijo que no contaba con el financiamiento y hasta el 2011 el Estado tomó la decisión de remover a Autopistas. En ese momento se hablaba de un costo de $197 millones.Por esa razón, se optó por OAS, que también fracasó.
