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Las fracciones legislativas del PLN, el PAC y el PUSC están pujando en el Congreso por la aprobación de una nueva versión de la Ley de Aguas, diferente a la que se había votado en primer debate, en marzo del 2014, y que se cayó por una consulta en la Sala Constitucional.
Para darle vida a esta nueva versión de ese proyecto, los diputados conjugaron sus votos este lunes y devolvieron atrás el trámite del expediente legislativo 17.742.
El objetivo era cambiarle todo el contenido al expediente, con una moción de texto sustitutivo que se intentó tramitar este martes, pero la bancada frenteamplista rompió el cuórum poco antes de las 8 p. m.
Esta decisión trajo muchas críticas del Frente Amplio, pues el proyecto de ley original llegó al Congreso por iniciativa popular, o sea, con las firmas de al menos 150.000 costarricenses.
LEA AQUÍ la nueva versión de Ley de Aguas propuesta por Juan Marín y apoyada por el PAC
El nuevo texto ha recibido la bendición de los sectores productivos que, durante todo el trámite del proyecto, presionaron para que la nueva normativa no les afecte sus intereses.
El liberacionista Juan Marín llevó la propuesta del nuevo texto y obtuvo el apoyo de las fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
A ellos se unieron algunos legisladores independientes y las fracciones minoritarias de los partidos evangélicos, así como los libertarios.
En agosto del 2014, el proyecto tuvo un traspié en la Sala Constitucional, porque reducía la zona de protección alrededor de las nacientes de los 100 metros actuales a 20 metros, "sin ningún sustento técnico", tal como advirtieron los magistrados en el momento.
LEA AQUÍ el proyecto de Ley de Gestión de Recurso Hídrico tal como fue aprobado en abril del 2014
El principal objetivo del plan es modernizar la legislación vigente desde 1942, fortalecer la institucionalidad que protege el agua y garantizar el consumo del agua como un derecho humano.
Las diferencias
Aunque el único aspecto que los magistrados constitucionales señalaron como un roce a la Constitución Política fue la reducción de las zonas de protección de las nacientes, la propuesta de Marín dista de la aprobada en el 2014 en varios puntos.
Estos son varios de esos puntos:
-Elimina el artículo referido a la "construcción participativa" (artículo 11), donde se establecía que "todos los sectores vinculados a la gestión del agua" pudieran participar en la formulación de la "política, los planes y los reglamentos técnicos" de la nueva Ley de Aguas.
-Quita los artículos (14, 15, 16) donde se creaba y se les daba funciones a los "consejos de unidad hidrológica", que se describían como un "órgano de participación intersectorial" que vigile en la aplicación de la ley.
-Restituye a un radio de 100 metros (como en la ley vigente) el área de protección en torno a las nacientes permanentes; antes, el proyecto lo dejaba en un radio de 20 metros, pero con una zona protegida, en forma de semicírculo de 200 metros de largo, en forma triangular, en la ladera hacia arriba de la naciente.
-Elimina los párrafos donde se establecía la protección de las zonas aledañas a los manantiales, ríos, quebradas o arroyos intermitentes.
-Por una parte se aumenta a 50 metros lineales la zona de protección alrededor de los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones, que en la iniciativa antes aprobada era de 15 metros; sin embargo, elimina la protección para embalses o lagos de construcción privada, aunque sean para uso público.
Choques entre legisladores
La presión del PLN, con apoyo del PAC y del PUSC, recibió críticas porque los frenteamplistas alegan que la iniciativa promovida por Marín "sirve a intereses privados" y busca "debilitar la participación de las comunidades" en las discusiones sobre el uso del recurso hídrico.
De hecho, toda la bancada frenteamplista, incluyendo a sus disidentes Ligia Fallas, José Ramírez y Jorge Arguedas, combatieron la resolución de Gonzalo Ramírez, presidente legislativo, quien ordenó que se tramitara el proyecto este martes, porque lleva tres años en mora.
La Ley de Iniciativa Popular establece que los proyectos que se presenten por esa vía tienen que ser aprobados en dos años, que se extienden generalmente a cuatro años porque los diputados le añaden a ese plazo los periodos en que el Gobierno controla la agenda legislativa.
Por eso fue que la iniciativa de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico se aprobó en marzo del 2014, pero los problemas de constitucionalidad que tuvo llevaron a este Congreso a cumplir tres años de morosidad para arreglar lo señalado originalmente por la Sala Constitucional.
Consultado por La Nación, Marín alegó que la nueva versión "es sustancialmente mejor que el texto del expediente 17.742", porque afirma que mejora la redacción y "modifica las funciones de la Dirección Nacional de Aguas, modifica el destino del Fondo Hídrico y fortalece el financiamiento de los objetivos y propósitos del proyecto".
"Mejora la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones administrativas, incorpora el valor social y el valor cultural del agua como principios y agrega el principio de participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico en el ámbito nacional", asegura el verdiblanco.
Añadió que "crea la unidad especializada en investigación y estudios técnicos y científicos en aguas, divide el país en un máximo de 12 unidades hidrológicas y crea el sector hídrico del Estado".
Marcela Guerrero, del PAC, defendió que la moción de texto sustitutivo se ha trabajado en consenso con Marín y con las instituciones, en particular el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
La oficialista explicó que el mecanismo de sustituir un texto por otro es muy similar al utilizado en la Ley de Bienestar Animal, para evadir el trámite de un expediente plagado de decenas de mociones.
"De haber insistido en el proyecto original, habríamos perdido el contenido original del plan. Tomamos un texto que respeta a todos los sectores, pero aún sigo revisando los temas de fondo, porque queremos que se respeten los puntos que el PAC ha defendido por principio", explicó Guerrero.
Edgardo Araya, del Frente Amplio, rechazó la negociación e insistió en que se privilegia algunos intereses en la discusión.
"Este texto debilita la participación ciudadana en el uso de las aguas de sus comunidades, debilita las sanciones contra la contaminación ambiental y se atenta contra la iniciativa popular", indicó.
Debido a que la sesión se detuvo por la ruptura del cuórum, el presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, deberá dictar una nueva resolución para fijar el día en que se continúe con el trámite de primer debate de esta nueva Ley de Aguas, pues de lo contrario se alargaría la mora en el debate.
