Cerca de 1.000 funcionarios públicos no han presentado aún, a la Contraloría General de la República, la declaración jurada de bienes que les exige la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, aprobada en el 2004.
El plazo para enviar las declaraciones venció desde el lunes 22 de mayo. Unos 20.500 funcionarios debían presentar el formulario completo para este año.
La Contraloría General ya inició un análisis para determinar si, entre los funcionarios que han incumplido el requisito, existen movimientos o eventos que justifiquen la suspensión del plazo para presentar la declaración anual, y que no han sido incorporados en el sistema por las unidades de Recursos Humanos de cada institución.
Suelen ocurrir situaciones que justifican el atraso o la omisión de la declaración, como el caso de empleados que estén fuera del país en funciones propias del cargo, así como declarantes incapacitados o con permisos con o sin goce de salario.
Una vez que concluya el estudio para cada caso, se procede con procesos para imponer sanciones a funcionarios que no declararon bienes sin que existan causas justas que suspendan el plazo.
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Los funcionarios que injustificadamente no entreguen la declaración jurada se ven expuestos a una amonestación escrita publicada en el Diario Oficial; a una suspensión, sin goce de salario, dieta o estipendio correspondiente, de 15 a 30 días; o a la separación del cargo público, sin responsabilidad patronal o cancelación de la credencial de regidor municipal, según corresponda.
Ya presentaron la declaración anual del 2017 todos los altos funcionarios que ocupan los cargos de presidente de la República, ministros, viceministros, diputados, magistrado del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, alcaldes, presidentes ejecutivos, funcionarios diplomáticos, y gerentes de bancos estatales.
La lista de funcionarios pendientes se puede consultar en el sitio web de la CGR, la cual se actualiza todos los lunes.