EscucharLos defensores de Juan Carlos Bolaños y Mario Barrenechea aseguran que la orden de allanamiento, mediante la cual se buscaron pruebas en las propiedades de sus clientes, "desapareció" del expediente judicial sobre el financiamiento al cemento chino.
Ese es uno de los argumentos con los cuales los abogados Juan Marcos Rivero y Andrés Pérez apelan la prisión preventiva que se les impuso a Bolaños y Barrenechea.
Juan Marco Rivero, defensor de Bolaños, insiste en que esa situación, además, invalidaría todo lo actuado y las pruebas decomisadas en las propiedades del empresario.
"El gran problema es que esa orden, que además es ilegal, y que ahora no aparece, lo que implica es que todo lo que haya sido decomisado es absolutamente nulo, que todo lo que se haya actuado de conformidad con esa ley es absolutamente nulo, que todas las órdenes de privación de libertad son absolutamente nulas y que todo lo actuado en el proceso es absolutamente nulo", dijo Rivero este martes por la noche, a la salida del primer día de la audiencia en la que los defensores esperan sacar a los siete imputados de la cárcel.
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Andrés Pérez afirmó lo mismo la mañana de este miércoles.
"Tenemos una copia de esa orden físicamente los que hemos venido interviniendo, pero no basta con que la tengamos nosotros, sino que tiene que estar en el expediente judicial y en el expediente no está, consecuentemente, para los efectos judiciales, no existe", dijo Pérez.
El martes en la noche, ante una consulta de La Nación, la Fiscalía informó de que la orden de allanamiento "sí existió".
"Sin embargo, la explicación no podrá ser ampliada debido a que mañana miércoles (en la continuación de la audiencia) la Fiscalía expondrá sus alegatos", informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Este miércoles, además de la exposición de la Fiscalía, está previsto que intervengan Rodolfo Brenes, defensor de los empleados bancarios Gilberth Barrantes y Rodrigo Ramírez, así como Manuel Rojas, representante del también empleado del BCR, Marvin Corrales.
A todos los imputados se les investiga por un presunto peculado en el manejo de la línea de crédito que se le dio a la empresa Sinocem, propiedad de Bolaños.
