Aresep recurre a nombramientos de hecho para evitar parálisis institucional

Durante la sesión 96 del pasado 20 de noviembre, la cúpula de la Aresep acordó nombrar como funcionario de hecho de ese órgano decisorio, a Daniel Fernández Sánchez.

La designación fue de carácter temporal, para que un día después decidiera sobre una solicitud de concesión de servicio público, planteada por la empresa El Ángel S. A., de generación eléctrica.

Igualmente, en esa misma sesión, los directivos volvieron a emplear esa figura legal —de funcionario de hecho— para nombrar a Sonia Muñoz Tuk. En su caso, para que aprobara o rechazara la designación de dos personas seleccionadas, por medio de concurso, para ocupar los cargos de miembro propietario y suplente del Consejo de la Sutel.

Fernández es economista, director general del Centro de Desarrollo y Regulación de la Aresep, con 18 años de experiencia en regulación de servicios públicos.

Muñoz por su parte, es abogada, labora como asesora legal de la Junta Directiva de la Aresep y fue miembro de este órgano del 2015 al 2021.

Figura excepcional, usada en casos de emergencia

La Ley General de la Administración Pública define, en su artículo 115, al funcionario de hecho como aquel “que hace lo que el servidor público regular, pero sin investidura o con una investidura inválida o ineficaz, aun fuera de situaciones de urgencia o de cambios ilegítimos de gobierno”.

Establece además, que se puede utilizar en dos situaciones. Cuando “no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de la investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente”; y cuando “la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y normalmente acomodada a derecho”.

Bajo ese apartado, los directivos de la Aresep recalcaron que se empleó esa figura legal como una “medida excepcional, temporal, sobrevenida y no achacable al órgano colegiado, aplicable bajo criterios de urgencia administrativa, necesidad y emergencia justificadas para el cumplimiento del fin público”.

Esto porque, la Aresep lleva ocho meses operando con una Junta Directiva incompleta, desde que Grettel López Castro renunció el pasado 17 de abril.

Desde entonces, el órgano solo cuenta con tres de los cinco integrantes que estipula la ley (el regulador general, Eric Bogantes Cabezas, quien preside ese órgano; así como por Jorge Blanco Roldán y Ana Lorena León Marenco), lo cual le impide tomar decisiones como: resolver apelaciones, aprobar cánones, otorgar concesiones de generación de energía y designar a los miembros del Consejo de la Sutel.

Tales acuerdos solo pueden ser tomados por mayoría calificada, por lo que se requiere del voto de cuatro personas.

La Sutel también enfrentaría la misma situación a partir del 7 de enero, fecha en la que vencen los nombramientos de Federico Chacón, como miembro titular, y de Walther Herrera, quien es suplente.

Como única integrante del Consejo quería Cinthya Arias, quien fue ratificada el 22 de setiembre del 2022, ya que tampoco ha sido posible llenar la plaza que dejó vacante Gilberth Camacho, tras vencerse, en marzo anterior, los cinco años de su periodo.

Si bien la Aresep cuenta desde hace tiempo con una terna de candidatos elegibles, no se ha podido avanzar con el proceso, porque legalmente se necesitan los cuatro votos de la Junta Directiva de Aresep.

Ante una consulta de La Nación, la Aresep indicó que están valorando utilizar la figura de hecho a partir de enero del próximo año, para evitar que el Consejo de la Sutel quede “desintegrado”.

Los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora son nombrados por el Consejo de Gobierno; no obstante, la Asamblea Legislativa puede objetar las designaciones, para lo cual tiene un plazo de 30 días.

Proceso legislativo infructuoso

Durante el 2023, el Consejo de Gobierno nombró a tres personas con el fin de solventar el problema de los puestos vacantes en la Aresep; sin embargo, todas las designaciones fueron rechazadas por la Asamblea Legislativa.

La más reciente se produjo a inicios de diciembre. Tanto el Plenario como la Comisión de Nombramientos objetaron la elección del ingeniero eléctrico Luis Pablo Rodríguez Murillo.

Los legisladores argumentaron que el candidato escogido carece de conocimientos en materia regulatoria y advirtieron de un posible conflicto de interés, porque este trabajó previamente con el actual presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña.

De igual forma, en el mes de setiembre, el Congreso negó la posibilidad a Nibia Barquero Fernández y Sergio Mata Montero de ocupar una de las sillas vacías del órgano, por considerar que ninguno de los dos tenía los atestados ni la experiencia para asumir el cargo.

Alejandra Larios, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Nombramientos, reconoció la afectación que genera la situación, empero, responsabilizó al Gobierno por la tardanza en las designaciones y las falencias en la escogencia de los perfiles.

Por su parte, Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), pidió “con humildad”, a sus compañeros, que si tienen sugerencias de algún candidato, “que ustedes crean que cumple todos los requisitos, que es un todólogo, que sabe de todas las áreas, de verdad nos encantaría que nos hagan llegar un nombre, para poderlo considerar”.