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Los diputados aprobaron anoche, por unanimidad, la revocatoria del nombramiento del magistrado de la Sala Primera, Óscar González.
Los 53 legisladores (de 57) presentes manifestaron su posición públicamente, luego de avalar una moción para que la votación fuera nominal (cada uno dice sí o no).
Los liberacionistas Marta Arauz y Danny Hayling, así como Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), y Humberto Vargas, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), no estuvieron presentes en la votación.
El magistrado González fue señalado como responsable de abuso sexual contra una subalterna, la jueza Priscilla Quirós, tras un proceso administrativo que se le siguió en el Poder Judicial, avalado por los miembros de la Corte Plena.
Luego de esa decisión, la Corte envió al Congreso, en mayo del 2013, una petición para que revocara el nombramiento de González.
Esa solicitud fue la que se resolvió ayer en el plenario legislativo.
A pesar de votar afirmativamente, el liberacionista Rolando González calificó el castigo de desmesurado y alegó que el presidente legislativo, Henry Mora, no atendió varios requerimientos de información que le formuló.
Además del proceso administrativo contra Óscar González, la Fiscalía lo acusó, en setiembre del 2013, de seis delitos de violación y uno de tentativa de violación.
Para llevar adelante ese proceso penal, la Corte Plena pidió a los legisladores levantar la inmunidad del magistrado; sin embargo, al despedirlo del cargo, automáticamente González pierde su fuero como miembro de un supremo poder.
Los congresistas coincidieron en que la decisión tomada por la Asamblea Legislativa es histórica, pues es la primera vez que el pleno destituye a un magistrado, quienes son nombrados por el Congreso.
La Constitución Política establece que los parlamentarios designan a los magistrados por periodos de ocho años, con una votación de mayoría calificada (38 votos).
En el hospital. La votación para revocar el nombramiento del magistrado González ya se había suspendido la semana anterior, cuando el juez presentó una orden de incapacidad médica válida por un día.
Ayer, antes de la deliberación de los diputados, la hija del magistrado, Katherine González Coto, envió una nota al Congreso para informar que su padre está internado, desde el viernes, en el Hospital Nacional Psiquiátrico.
Ella adjuntó una certificación de hospitalización y la orden de incapacidad. Sin embargo, el presidente legislativo, Henry Mora, dijo que no suspendería la votación.
“Hace una semana se le advirtió a Óscar González que de no poder presentarse a hacer su descargo en el plenario del Congreso, podría enviarlo por escrito”, expresó Mora.
Sin embargo, el magistrado no usó su derecho de argumentar en contra de la recomendación de cesarlo del cargo.
La premura de los legisladores es porque temían que González realizara una rápida gestión para acogerse a su jubilación y, que ello, dejara el caso del abuso impune en lo administrativo.
“Lástima que un magistrado de su talla salga de esta forma”, manifestó el diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio.
Antonio Álvarez, del PLN, dijo que los hechos fueron probados y se concluyó que se había incurrido en la conducta sancionada.
