EscucharUna magistrada de la Corte Suprema de Justicia llamó a comparecer a todos los diputados de la República por una causa disciplinaria abierta contra el magistrado penal Celso Gamboa.
Los congresistas serán entrevistados por la magistrada de la Sala II, Julia Varela Araya, a quien la Corte Plena le delegó la investigación del caso.
El proceso pretende determinar si el juez penal acudió a hablar, ante los diputados, en favor del magistrado Porfirio Sánchez, antes de que este fuera electo para una silla en la Sala II. Así lo informó el juez de Sala I, Luis Guillermo Rivas.
La investigación obedece a una denuncia presentada por la jueza Liz Maureen Tencio, quien se quejó ante la Inspección Judicial porque Celso Gamboa desestimó en la Sala III una querella por presunto prevaricato que ella había presentado contra Sánchez, a pesar de que tenían una relación de amistad. Según ella, el magistrado incluso hizo lobby en favor de su colega en el Congreso.
La denuncia de la jueza se remonta a la época en que Porfirio Sánchez presidía el Tribunal de la Inspección Judicial y resolvió un caso contra Tencio por presunto acoso laboral. La jueza alegó que dos de las colegas que acompañaban al hoy magistrado adelantaron criterio porque la habían indagado en el proceso de investigación.
Pese a que ella solicitó una instancia superior, Sánchez rechazó la recusación en marzo del 2015 y permitió que continuara el procedimiento. La juez Tencio acusó entonces de presunto prevaricato a Sánchez, quien fue electo magistrado de la Sala II, en setiembre del 2016, instancia en la que se ven temas laborales y de familia.
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Posteriormente, cuando la querella llegó a la Sala III, Gamboa votó por la desestimación del caso en marzo de este año.
Este jueves, el Poder Judicial empezó a repartir notificaciones en los despachos de los legisladores.
Por ejemplo, a la legisladora Ligia Fallas, del Frente Amplio, la citaron para el 20 de diciembre; y a Rafaerl Ortiz, del PUSC, para el día 22. Ambos declararían en la oficina 903 de la Corte.
La notificación dice que los legisladores son llamados "a efecto de recibirles testimonio en relación con la causa disciplinaria número DCP-2-2017, seguida contra el señor Celso Gamboa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia".
El proceso tuvo su origen en una resolución de la Corte Suprema tomada el 14 de noviembre.
Las citaciones advierten a los legisladores que, en caso de no comparecer, podrán ser llevados mediante la Fuerza Pública.
La legisladora del PAC, Emilia Molina, afirmó que ella recibió la notificación bajo protesta: "Me parece que esta es una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo y además desconocen nuestra inmunidad cuando nos dicen que, si no comparecemos, nos hacen ir con la Fuerza Pública".
"Me parece que el Poder Judicial debe concentrarse en sus tareas y nosotros en las nuestras, de elegir magistrados probos", agregó la diputada de Gobierno, quien dijo que evaluará si va o no va a rendir testimonio.
Varios diputados, entre ellos Jorge Rodríguez, del PUSC, estaban molestos o incómodos porque en la citación se agregó la frase donde se les advertía que, de no acudir, serían llevados a declarar prácticamente a la fuerza, con la policía.
