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El pronunciamiento que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre las garantías de la población sexualmente diversa será de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense.
Así lo aseguró Roberto Caldas, presidente del Tribunal, este miércoles, durante uno de los recesos del segundo día de audiencia.
"La fuerza vinculante de las opiniones consultivas se ha consolidado a lo largo del tiempo y varios países tienen incluso decisiones de los mayores órganos judiciales, como cortes constitucionales o supremas, lo que garantiza que la opinión consultiva debe ser seguida por el país como si fuera un juicio", explicó Caldas.
Costa Rica es uno de los 24 países que ratificaron la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, de 1969, y que reconocen la potestad de la Corte. La Convención, además, tiene una autoridad superior a las leyes de la República, por disposición del artículo 7 de la Constitución Política.
Caldas estimó que la respuesta a la solicitud de opinión consultiva formulada por el Gobierno costarricense estará lista este año.
El país preguntó por la necesidad de facilitar mecanismos para que las personas trans cambien de nombre, así como sobre derechos patrimoniales de las parejas formadas por personas del mismo sexo.
Durante el martes y el miércoles de esta semana, la Corte escuchó los argumentos de Estados y activistas, insumos que se sumarán a las cerca de 80 observaciones escritas enviadas desde todo el continente. Caldas explicó que ahora los magistrados deberán reunirse para deliberar y consolidar un pronunciamiento.
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Votarán los siete magistrados que componen la Corte Interamericana: el propio Caldas (brasileño), Humberto Sierra Porto (colombiano), Eduardo Ferrer Mac-Gregor (mexicano), Eduardo Vio Grossi (chileno), Elizabeth Odio Benito (costarricense), Eugenio Raúl Zaffaroni (argentino) y Patricio Pazmiño Freire (ecuatoriano).
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En el segundo día de la audiencia, realizada en la sede de la Corte, en Los Yoses, expusieron activistas costarricenses y extranjeros. Los participantes compartieron historias personales e instaron a los jueces a que su voto reconozca derechos para la población LGBTI.
Entre las delegaciones costarricenses estuvieron el Frente por los Derechos Igualitarios, la Asociación Acceder, la Asociación Transvida y el Movimiento Diversidad. Los grupos internacionales llegaron desde países como Argentina, Colombia, Chile y Honduras.
