¿De dónde tomaron los diputados ¢57.000 millones para seguridad, obras y educación?

El 90% de los recursos proviene de la partida del pago de intereses de la deuda pública y un 10% se cubriría con una autorización para emitir más bonos de deuda pública.

En síntesis, los diputados no recortaron otras partidas, sino que financiaron el 100% de los ¢57.000 millones con recursos relacionados con el endeudamiento público.

La mayoría de legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios alegó la necesidad de que el Estado invierta más en tareas urgentes, como el combate a la ola de criminalidad y la atención de los rezagos en obra pública y educación.

Los recursos permitirían financiar, por ejemplo, 300 plazas de agentes 1 en el Ministerio de Seguridad, junto a más recursos para viáticos, combustibles y vestuario de policías, así como 261 plazas de investigación en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Además, se destinarían fondos adicionales a la expropiación de terrenos relacionados con la carretera a San Carlos, junto al mantenimiento de vías nacionales y cantonales.

Los diputados Paulina Ramírez y Jonathan Acuña, de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), argumentaron que la partida del pago de intereses de la deuda está sobreestimada, lo cual es negado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.

En el caso de la creación de nuevas plazas, Acosta cuestionó cómo se sostendrán en el futuro financieramente estos puestos, en vista de que implican un incremento permanente del gasto.

El ministro también alegó que el Gobierno, en el presupuesto original, había incrementado la asignación del Ministerio de Seguridad en ¢22.000 millones.

La diputada Ramírez sostuvo que, en un análisis de proyecciones de pago de intereses, se halló una sobreestimación de un 9%.

“Fuimos prudentes de no crecer más allá. Pudimos dar más a Seguridad, pero estamos conscientes de que es un gasto que va a ser permanente en el tiempo”, dijo.

Añadió que, el año pasado, el Gobierno dijo que la aprobación de nuevas emisiones de eurobonos daría más espacio, al reducirse el pago de intereses, para aumentar el gasto en programas sociales e infraestructura.

Insistió, además, en que el incremento inédito de las operaciones del crimen organizado debe revertirse y, para ello, los cuerpos de seguridad y judiciales requieren de mayores recursos. “Ya los costarricenses no podemos caminar en paz, hay inseguridad en todo lado, hay sectores que requieren solución inmediata”, dijo la diputada.

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El Presupuesto ya fue dictaminado positivamente en la Comisión de Hacendarios. Ahora, pasa a ser discutido en el plenario legislativo, en donde deberá ser votado a más tardar el 27 de noviembre en primer debate.

Nogui Acosta señala colchón para pago de intereses

El ministro Acosta sostuvo que no existe una sobreestimación en la partida de intereses, sino que contempló un colchón para mitigar eventuales efectos de la volatilidad de las tasas de interés y las fluctuaciones del tipo de cambio.

El Presupuesto prevé el pago de intereses basándose en un tipo de cambio de ¢550. Si el costo del dólar se incrementa en ¢10, los recursos disponibles no serán suficientes para cubrir el pago de intereses, dijo el jerarca.

“¿Quién asume la responsabilidad? ¿Cómo abordamos esta situación? ¿De dónde obtendremos los recursos necesarios para pagar los intereses?”, cuestionó Acosta.

Además, señaló que un aumento de un punto en las tasas de interés de la deuda del Gobierno incrementaría el gasto en intereses en ¢79.241 millones.

En contraposición, la diputada Paulina Ramírez dijo que, este año, el Gobierno envió un presupuesto extraordinario para reducir el pago de intereses en ¢135.000 millones, lo que, en su criterio, evidencia que hay sobreestimaciones en esta partida.

Respecto a la fuente de financiamiento de las plazas creadas para la seguridad, el ministro Acosta se plantea la interrogante de dónde provendrán los recursos para financiarlas en los años venideros.

“¿Cómo se expandirá el presupuesto? ¿Será necesario recortar fondos de otros ministerios para respaldar esta iniciativa? La cuestión fundamental es si, efectivamente, se ejecutará el gasto asignado. Porque si otorgamos recursos a una institución que no los utiliza eficazmente, estaremos desperdiciando recursos de manera ineficiente”, argumentó el ministro.