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Con la salida a receso legislativo, el pasado 22 de diciembre, los diputados dejaron en el congelador una cantidad importante de proyectos de ley y otras discusiones, que se quedarán ahí, sin ningún tipo de avance, durante los 46 días que la Asamblea Legislativa esté cerrada.
Entre los proyectos más importantes, que los legisladores mantienen en la heladera, están el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la reforma constitucional para establecer la violación al deber de probidad como causa de pérdida de la credencial de diputado y el de ordenamiento de las exoneraciones tributarias.
Pero el freno a muchos de los proyectos en agenda está metido en algunas comisiones desde semanas antes de que iniciara el receso que el Gobierno decretó por criterios electorales.
Foros como el de Hacendarios no han logrado sacar adelante proyectos como el de exoneraciones y el de finanzas, pese a que desde octubre quedaron libres del estudio del proyecto de Presupuesto Nacional 2018.
De las seis sesiones de la comisión hacendaria programadas para diciembre, cuatro fueron canceladas, una duró 11 minutos y otra solamente se extendió por tres minutos. Las sesiones de noviembre no fueron mejores.
Pero la agenda de planes que están en el plenario no son de menos trascedencia y han sufrido el bloqueo por enfrentamientos entre varios partidos, en particular el Frente Amplio, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.
El atraso en esos planes implica que también estarán congelados durante el mes de enero. Entre esos proyectos están el plan para prohibir que los congresistas nombren a sus familiares como trabajadores en la Asamblea Legislativa y el plan para proteger a los trabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Para el jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Javier Cambronero, la discusión más importante que se queda congelada es la fiscal.
En el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas van cuatro capítulos: uno sobre la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado con una ampliación de los productos y servicios que deben pagar el tributo, una modificación al impuesto sobre la renta, un capítulo sobre reformas a los pluses salariales y la regla fiscal.
Cambronero apunta que hay varios planes contra la corrupción que se quedan frenados, entre ellos una propuesta para regular el cabildeo o lobby legislativo, la creación de la comisión disciplinaria para legisladores y el plan para que los dictámenes de la Procuraduría de la Ética Pública sean vinculantes.
Cemento chino y otras investigaciones
Aunque el informe de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios sobre los créditos para la importación de cemento chino y para la compra de una planta hidroeléctrica por parte de Coopelesca está fresco y varios diputados querían discutirlo y aprobarlo en plenario antes de que terminara el año, hay también casi 40 informes de otras investigaciones pendientes de debatirse en plenario.
A esa lista de proyectos, el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), William Alvarado, agregó que están frenados los proyectos de reforma constitucional para fortalecer la regla fiscal y el plan sobre la creación de la Academia Nacional de Policía, además del plan sobre neponistimo y sobre los trabajadores de Bancrédito.
“En cuanto a impuestos, podemos conversar cuando avance la reforma constitucional sobre regla fiscal y el de exoneraciones podemos verlo, el que vimos en Hacendarios”, agregó el socialcristiano.
A criterio de Mario Redondo, diputado de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), hay otros proyectos que están congelados, pero porque aún se espera que la Sala Constitucional resuelva las consultas legislativas. Se trata de la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y la Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Lo mismo sucede con el proyecto de la Contraloría General de la República, para que cada institución haga el respectivo refrendo de sus contrataciones administrativas.
Pero todo eso pasaría después del 5 de febrero, la fecha en que los parlamentarios tienen previsto regresar a labores legislativas.
Aunque la desconvocatoria del Gobierno se dio por razones electorales, como el propio ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, explicó el 21 de diciembre, un día después, Presidencia alegó que reglamentariamente los diputados pueden continuar sus labores con los asuntos del régimen interno, aunque ni las comisiones ni la segunda parte del plenario puedan debatir proyectos.
El presidente del Directorio legislativo, Gonzalo Ramírez, alegó que el 8 de enero, cuando los funcionarios del Congreso regresen a labores, harán consultas al Departamento de Servicios Técnicos para determinar si ellos pueden convocar a sesiones de plenario solamente de 3 p. m. a 4 p. m.
En esa primera parte de la sesión legislativa, los diputados pueden discutir informes de comisiones investigadoras, hacer nombramientos de magistrados y hacer discursos de control político.
El Frente Amplio ha sido el único partido que, públicamente, ha manifestado que se presentará a laborar en la Asamblea Legislativa a partir del 8 de enero.
