Los exdiputados Óscar López Arias y Rita Chaves Casanova, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), irán a juicio por, presuntamente, estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por un monto de ¢113 millones.

Ambos serán juzgados por los delitos de estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso.

La orden la emitió el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José el 6 de enero, según confirmó la oficina de prensa del Poder Judicial a La Nación.

El Ministerio Público, por su parte, comunicó que recibió la notificación del acto el viernes pasado.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), los exlegisladores estafaron al TSE al cobrar la deuda política correspondiente a los comicios del 2010.

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López y Chaves, presuntamente, simularon contratos de alquiler de vehículos para inducir a error al Tribunal y acceder, de manera fraudulenta, a un monto mayor de contribución estatal para el PASE.

A Rita Chaves también se le atribuye un presunto delito de uso de documento falso. Además, a una exregidora de apellidos Montoya Calderón se le acusa de ser aparente coautora, junto a López y Chaves, de la presunta estafa.

Como indemnización por los supuestos delitos, la Procuraduría General de la República exige ¢400 millones a favor del Estado.

En la causa, que se tramita en el expediente 13-000010-0033-PE, también figura como acusado un notario de apellidos Ruin Céspedes. A él se le imputan aparentes delitos de falsedad ideológica, por haber autenticado los supuestos contratos ficticios de arrendamiento.

La acusación contra las cuatro personas se presentó en el 2018 y la audiencia preliminar, en la que el Juzgado escuchó los argumentos de las partes, se efectuó en diciembre pasado.

El Ministerio Público inició la investigación del caso luego de que el TSE presentara, en el 2013, una denuncia sobre las aparentes irregularidades. El juicio empezará en la fecha que señale el Tribunal Penal.

López fue diputado en los periodos 2006-2010 y 2014-2018, mientras que Chaves fue legisladora entre 2010 y 2014.

Supuestos contratos fraudulentos

Según la Fapta, de previo a las elecciones presidenciales del 2010, el PASE facturó arrendamientos de carros que se brindaron al partido de forma gratuita, o por los cuales los propietarios cobraron menos dinero que se consignó en los contratos presentados al órgano electoral.

Los contratos, presuntamente, se firmaron para movilizar simpatizantes del PASE a las asambleas distritales de la agrupación, en el proceso de renovación de las estructuras partidarias.