Escuchar
La fiscal general, Emilia Navas Aparicio, dirigió un allanamiento de la Fiscalía General a la oficina del magistrado Celso Gamboa en busca de pruebas en computadoras y documentos para la causa judicial que le abrió por los presuntos de delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho.
"Consistió en un allanamiento, registro y secuestro", declaró Navas, escuetamente, a las 9 p. m., y advirtió que este jueves "seguimos con la investigación", aunque por ley no pudo adelantar con qué acciones o si intervendrán en la casa de Gamboa Sánchez.
Tatiana Vargas, jefa de Prensa del Ministerio Público, informó de que Navas solicitó autorización este mismo jueves para realizar el allanamiento a la Sala III (de casación penal), de la cual Gamboa es parte.
También, se intervinieron las oficinas de Justo Pastor López, letrado del magistrado y de uno de los asistentes de Gamboa.
El Ministerio Público informó de que la causa fue abierta desde el martes 17 de octubre. El proceso lo dirige Navas por cuanto Celso Gamboa es miembro de uno de los supremos poderes y eso requiere un proceso especial.
En el allanamiento participaron tres fiscales de la Inspección de Fraudes y agentes del equipo de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La oficina de Gamboa está en el piso siete del edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de San José.
Gamboa, a quien la Corte Plena, con el voto unánime de 21 magistrados suspendió de su cargo durante tres meses la noche del miércoles mientras se investigan sus supuestos vínculos con el importador de cemento Juan Carlos Bolaños, figura como sospechoso en el expediente 17-15-0033-PE.
La causa se abrió a raíz de una denuncia presentada el 12 de octubre por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC), en la cual se incluyó también al fiscal general Jorge Chavarría Guzmán, quien igualmente está suspendido del cargo por tres meses.
La organización alega que, a finales del 2016, la fiscal subrogante Berenice Smith Bonilla, solicitó la desestimación de la causa contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth, así como el empresario Bolaños y el exdiputado Wálter Céspedes, por presunto tráfico de influencias, con instrucciones del fiscal general, Jorge Chavarría, y que, el 21 de febrero del 2017, la Sala III desestimó la causa mientras el magistrado Gamboa estaba presente.
Dicha desestimación se cubrió de cuestionamientos luego de que el Semanario Universidad dio a conocer que la Fiscalía no le aportó a la Sala III un informe del OIJ en el que constaban centenares de llamadas entre los imputados.
La noche del miércoles, además, los magistrados de la Corte Plena suspendieron a Celso Gamboa justo el día en que CRHoy reveló que un viaje hecho a Panamá por el magistrado y por Bolaños, en octubre del 2016, se pagó a la aerolínea Copa con la misma tarjeta de crédito.
El Ministerio Público agregó que la causa penal se encuentra en la etapa preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de pruebas. La entidad comunicó que de conformidad con el artículo 295 del Código Procesal Penal (CPP), sobre la privacidad de las actuaciones en esta fase del proceso, no es posible ampliar información sobre el asunto.
Asimismo, se hizo ver que la "Fiscalía General garantiza a la ciudadanía la transparencia, valentía y objetividad en esta investigación y todos los expedientes penales".
En cuanto al letrado Pastor López, este también fue suspendido de su cargo este jueves por el Consejo Superior del Poder Judicial.
Ese órgano empezó a investigar al letrado luego de que, el 26 de setiembre, el exfiscal de Delitos Económicos, Francarlo Pessoa, reveló que López lo llamó en más de cinco ocasiones para consultarle sobre el estado de una causa judicial, interpuesta por el BCR contra el ahora exsubgerente general y actual funcionario, Guillermo Quesada.
En específico, López quería saber si ya se había realizado la audiencia ante el Juzgado Penal en la que se solicitarían medidas cautelares contra Quesada.
El fiscal precisó que él pretendía pedir seis meses de suspensión del cargo de Quesada, pero que cada vez que se iba a realizar la gestión el funcionario bancario se incapacitaba.
Pessoa informó de las llamadas del letrado en la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, tras ser convocado a solicitud del diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
