El Juzgado Penal de San José desestimó la denuncia que presentó el sindicalista Albino Vargas contra la ex procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, por un supuesto nombramiento ilegal.
Así lo decidió el 14 de julio, después que el Ministerio Público solicitara archivar la queja presentada, en enero del 2015, por el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
Vargas denunció que Brenes nombró en una plaza de procuradora a Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, una costarricense por naturalización de origen salvadoreño, aunque incumplía el requisito de haber nacido en Costa Rica.
Los jueces acogieron el criterio de la Fiscalía de que los hechos denunciados por el sindicalista no constituían delito alguno.
La ahora exprocuradora efectuó el nombramiento, el 1.° de julio del 2014,y alegó que no era definitivo y estaba sujeto a lo que decidiera la Sala IV frente a una acción de inconstitucionalidad que ella misma había presentado, en enero de ese año.
Brenes refutó el artículo 14, inciso b, de la Ley Orgánica de la Procuradoría General, donde se establece el requisito de ser costarricense por nacimiento para ser procurador. Ella argumentó que esa norma es contraria a “los principios de igualdad, no discriminación y acceso a cargos... sin justificación alguna”.
La tesis fue acogida por los magistrados constitucionales el 22 de abril del 2015, quienes ordenaron anular la frase “por nacimiento” de ese apartado.
“A juicio de esta Sala, el legislador ordinario, al establecer como requisito para acceder al cargo de procurador el ser costarricense por nacimiento, excedió las competencias que el Constituyente le otorgó”, señala esa resolución.
Caso Soley. El Juzgado también desestimó la solicitud de Albino Vargas de investigar a Brenes por no denunciar, en enero del 2015, al entonces viceministro de la Presidencia, Daniel Soley.
Tras una publicación de La Nación y ante un interrogatorio de los diputados, la ahora exprocuradora dijo que Soley le ofreció varias embajadas para que dejara el cargo . Incluso, dijo, le dio otras opciones como un cargo en una junta directiva o la asesoría legal de un hospital público en construcción.
Añadió que la amenazó con abrirle una investigación por el caso de Sarmiento si no aceptaba ninguna de las propuestas.
Soley desmintió tales ofrecimientos y negó haber insinuado o solicitado la renuncia a Brenes. No obstante, dimitió al cargo.
Brenes, quien cumplió su periodo en mayo pasado, dijo desconocer la resolución legal. Albino Vargas no atendió llamadas.