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Una abogada y criminóloga del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está trabajando a tiempo completo en la Asamblea Legislativa para elaborarles a los diputados un flujograma que explique, con puntos y comas, la relación de hechos y de personas vinculados en el caso del cemento chino.
Se trata de la funcionaria María Vargas, experta que fue facilitada por las autoridades de la policía judicial para ayudar a los diputados a desenredar la maraña de relaciones, documentos y publicaciones que giran en torno al empresario Juan Carlos Bolaños, y que se relacionan con múltiples actores políticos, judiciales y bancarios.
Tan importante es el rol de Vargas en esta última parte del trabajo de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso, que fue ella quien les recomendó a los diputados, con base en un cronograma de trabajo que elaboró, extender el plazo para rendir un informe final sobre las pesquisas hasta el 18 de diciembre próximo.
La moción para extender ese plazo se votó la noche de este lunes en la comisión, por unanimidad. En primera instancia, los diputados se habían fijado este jueves 23 de noviembre como la fecha máxima para entregar los resultados de su trabajo investigador.
El diputado liberacionista Ronny Monge, presidente de la comisión especial investigadora, indicó que la abogada y criminóloga se enfoca, en este momento, en elaborar una línea del tiempo y un flujograma que les permita a los diputados entender la complejidad del caso.
“Cuando el informe esté listo va a ser más fácil explicar el aporte de ella porque es visible para que cualquier persona entienda la relación de hechos. Va a presentar el hecho, la fecha, el respaldo y las personas involucradas, incluso con fotografías, que harán que esto lo entienda cualquiera. Será lo que nos permitirá que la sociedad entienda de qué se trata este informe legislativo”, comentó.
Según Monge, la experta avanza con rapidez en la construcción de la línea del tiempo, insumo que será analizado por todos los diputados para determinar cuáles son los hechos más relevantes del caso y si estos se ajustan o no con las potestades que tiene la comisión investigadora.
La Sala Constitucional resolvió, en el pasado, que el trabajo de este tipo de foros legislativos versa sobre acontecimientos y no sobre personas particulares.
“La Presidencia de la comisión respetará siempre la división de poderes, tenemos colaboración para la elaboración del informe, pero la discusión y análisis sobre conductas delictivas le corresponde al Ministerio Público y al OIJ, si la Comisión llegara a determinar la presunta comisión de delitos, se testimonian piezas y se remiten al Ministerio Público”, adelantó Monge.
Material de estudio es amplio
El diputado agregó que el trabajo de la comisión, que abarcó cientos de horas de comparecencias de las personas vinculadas con las líneas crédito que el Banco de Costa Rica (BCR) le giró a Juan Carlos Bolaños para que importara cemento desde China, también generó un expediente de 13.000 folios entre publicaciones de la prensa, entrevistas a los comparecientes y documentos aportados por estos mismos.
Ese volumen de material, agregó Monge, hacía imposible emitir uno o varios dictámenes este jueves, a pesar de que hace quince días la comisión finalizó su labor de escuchar a comparecientes.
Además de Bolaños, ante el panel investigador comparecieron las juntas directivas de los bancos BCR y Popular, los comités de crédito de estas entidades que analizaron préstamos para Bolaños, exmiembros de Aduanas del Ministerio de Hacienda, jerarcas de la actual administración, entre ellos el presidente Luis Guillermo Solís, magistrados del Poder Judicial, actuales diputados y empresarios.
Además, desde el 3 de noviembre, el Ministerio Público, a cargo de la fiscala general Emilia Navas Aparicio, le dio un giro al tratamiento del caso, cuando ordenó la detención de Bolaños, del gerente general del BCR, Mario Barrenechea, y de otros cinco altos funcionarios gerenciales por un presunto mal manejo del crédito por el que el empresario quedó debiendo $25 millones.
El juez que ratificó la prisión preventiva contra los siete imputados descartó alteraciones en un audio en el que Bolaños habla junto con el exsubgerente del BCR, Guillermo Quesada, de un plan para acusar a la entidad por violación del secreto bancario que, presuntamente, tenía como fin evitarle al empresario el pago del millonario crédito para la importación de cemento.
Además, la comisión recibió múltiples testimonios que acreditan la relación de amistad entre Juan Carlos Bolaños y el magistrado de la Sala III, Celso Gamboa, los cuales provocaron que la Corte Plena suspendiera al alto juez por tres meses para investigar sus relaciones con el caso del cemento chino.
Pese al vuelo que tomó el asunto en la agenda política nacional, el presidente Luis Guillermo Solís no ha cedido a las presiones de la oposición para que destituya a Fernando Rodríguez ni al jefe de la DIS, Mariano Figueres.
A Rodríguez se le vincula con presuntas presiones en el 2016 sobre el entonces director de Aduanas, Benito Coghi, para que este aplicara un trámite expedito para desalmacenar 20.000 toneladas de cemento chino traído por Bolaños.
A Figueres los diputados de la comisión le cobran no haber avisado a Luis Guillermo Solís quién era Juan Carlos Bolaños antes de que el importador de cemento se reuniera con el presidente en diciembre del 2015, en Casa Presidencial.
