Gobierno prioriza ley para eliminar tarifas de médicos, abogados y 9 profesiones más

Se trata del expediente 23.357, el cual derogaría los escalafones de ocho colegios profesionales. Dos de estas organizaciones regulan los honorarios de dos profesiones: el Colegio de Abogados y Abogadas, que incluye a los notarios; y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

El plan, a su vez, prohibiría a toda organización gremial establecer nuevas tarifas obligatorias para sus colegiados.

En caso de aprobarse, se eliminarían las tarifas mínimas de médicos, cirujanos, terapeutas, abogados, notarios, ingenieros, arquitectos, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, geólogos y contadores públicos.

Chaves convocó esta iniciativa en el inicio del periodo de sesiones extraordinarias, en la que el Gobierno dirige los proyectos que se discuten. La convocatoria también incluye la venta del Banco de Costa Rica (BCR) y la legalización de la marihuana recreativa, dentro de una lista de 39 proyectos de ley.

Situación actual

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Actualmente, los trabajadores que ejercen esas profesiones de forma liberal deben respetar esos escalafones de honorarios al momento de cobrar a un cliente por sus servicios. Pueden cobrar por encima del mínimo establecido, pero no menos de eso. De lo contrario, pueden exponerse a sanciones por competencia desleal con sus colegas.

El proyecto de ley sí permitiría al Gobierno establecer tarifas de cumplimiento obligatorio para profesionales en “situaciones de excepción, en forma temporal”. Esa medida deberá fundamentarse y motivarse a través de la promulgación de un decreto ejecutivo.

Eliminación de decretos

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Al tiempo que presentó este proyecto de ley, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha promulgado cinco decretos para eliminar las tarifas mínimas de Ingenieros y Arquitectos, de Abogados, Terapeutas, de Nutricionistas y de Microbiólogos.

Lo hizo así, aunque estas profesiones también están en el proyecto de ley, porque sus escalafones son fijados por decreto.

No obstante, hasta el momento, el Tribunal Contencioso Administrativo ha acogido medidas cautelares provisionalísimas que suspendieron las derogatorias mientras se discute su legalidad.

El presidente Chaves alega que, con la eliminación de tarifas mínimas, los clientes podrían conseguir mejores precios en servicios profesionales.

De acuerdo con el Gobierno, esta medida se fundamenta en un estudio publicado, en febrero anterior, por la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), que sugirió eliminar la posibilidad de que los gremios establezcan tarifas mínimas por los servicios profesionales.

“La Comisión considera que las tarifas mínimas limitan la autonomía de los profesionales, favorecen la colusión, restringen el acceso de los ciudadanos a los servicios y sostienen tarifas más elevadas que, a su vez, encarecen otros bienes y servicios que utilizan los servicios profesionales como insumo”, había comunicado ese ente mediante un comunicado de prensa.

Los entes gremiales opuestos a los decretos de Chaves, por el contrario, alegan una afectación al ejercicio profesional, así como una posible disminución en la calidad de los servicios ofrecidos a la población.

En las diferentes resoluciones, el Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado que la suspensión de los decretos ejecutivos es una medida provisionalísima que “podría mantenerse, modificarse o suprimirse a la hora de conocer por el fondo la gestión”.

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