Un guardia de seguridad presentó y ganó un recurso de amparo contra la Municipalidad de Puntarenas, al considerar que no se le brindaban las herramientas necesarias para hacer su trabajo. El ayuntamiento deberá darle al funcionario un chaleco antibalas.
En el recurso de amparo, presentado el 23 de octubre, el hombre explicó que la finca Socorrito, ubicada en Barranca de Puntarenas, es un plantel municipal donde la Unidad Técnica de Gestión Vial tiene su centro de operaciones y guarda su maquinaria.
Sin embargo, reclamó que esa finca no cuenta con cierre perimetral para proteger los artículos del vandalismo. Agregó que tampoco hay caseta de seguridad, alumbrado ni servicios sanitario; asimismo, no le proveen de implementos importantes como foco, chaleco antibalas y arma de fuego, entre otros.
Para discutir este tema, el recurrente dijo que realizó una reunión presencial con su jefa inmediata, Marta Román, coordinadora de Servicios Generales del municipio. Esta funcionaria citó al alcalde puntarenense, Wilbert Madriz, y al encargado de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Jeffry Ramírez, a la finca Socorrito, para que observaran el problema.
Por ese motivo, el recurrente aseguró que Román, Ramírez y Madriz no pueden alegar desconocimiento, pues incluso “hicieron promesas que no cumplieron”.
Luego de dar audiencia a los citados jerarcas puntarenenses, los magistrados comprobaron que el plantel municipal se encuentra cercado en la parte frontal y el costado oeste. Además, constataron que, aunque los guardias no cuentan con una caseta de seguridad, sí tienen un espacio cerrado y techado con escritorio y silla.
Asimismo, confirmaron que existen servicios sanitarios para uso de los agentes de seguridad. Los munícipes admitieron que, aunque el plantel cuenta con electricidad y alumbrado, es necesario aumentar la iluminación en varios sectores, gestión que se realizó entre el 20 y el 24 de noviembre del 2023.
El 1.° de setiembre, las autoridades municipales le entregaron a los guardas de la finca Socorrito una nueva pistola, y el 31 de octubre les proporcionaron una linterna de largo alcance.
Al confirmar todos estos datos, los magistrados consideraron que el amparado tenía razón parcialmente, ya que sí cuenta con un lugar adecuado donde permanecer durante su jornada, y tiene acceso a servicios sanitarios con agua potable.
No obstante, los altos jueces consideraron inadecuado que el funcionario de seguridad no tuviera chaleco antibalas para su protección.
Por tanto, la Sala IV declaró procedente el recurso respecto a la falta de linternas y alumbrado, ya que estas dos problemáticas se resolvieron hasta después de presentado el amparo. En este caso no hubo condenatoria de costas, daños y perjuicios.
También declararon procedente el recurso por la falta de chalecos antibalas, y ordenaron al alcalde Wilbert Madriz; la coordinadora de Servicios Generales, Marta Román; y el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Jeffrey Ramírez, gestionar de forma inmediata la entrega de un chaleco antibalas al guarda amparado.
Finalmente, respecto a este último punto, la Municipalidad de Puntarenas deberá pagar las costas, daños y perjuicios causados al recurrente.
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