La Contraloría General de la República (CGR) advirtió a la Asamblea Legislativa sobre los riesgos de una propuesta de ley aprobada por la Comisión de Ciencia y Tecnología, para eximir los útiles escolares del pago del impuesto al valor agregado (IVA) .
La exoneración aplicaría durante los dos meses posteriores a que el Ministerio de Educación Pública (MEP), anuncie el inicio del ciclo lectivo, quedando dispensados del impuesto los materiales escolares, uniformes y equipo tecnológico (computadoras, tabletas, teléfonos celulares) que requieran los estudiantes.
Para ello, el expediente 23.327, adiciona dos incisos 37) y 38) al artículo 8 del capítulo III, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Sin embargo, la Contraloría indicó a la Asamblea Legislativa, mediante el criterio DFOE-FIP-0524, que la temporalidad de la medida complicaría la gestión del IVA, tanto para quienes deben pagar el impuesto como para la administración, que debe hacer el cobro respectivo.
El órgano contralor pidió a los legisladores, hacer una valoración de los costos, riesgos y beneficios de avanzar con la medida, en vista de que los útiles escolares están incluidos en la canasta básica y por dicho motivo, ya reciben una tarifa reducida en el IVA del 1%.
Asimismo, advierte de que la exoneración del tributo para la compra de computadoras, tabletas y celulares, podría generar “afectaciones en el mercado y riesgos en la recaudación del impuesto por la concentración del beneficio en pocos meses, con previsibles problemas de control tributario”.
“En general, se observan posibles riesgos asociados al proyecto de ley, tales como la delegación de la verificación de las condiciones en los comerciantes, ausencia de controles en los beneficios únicos así como posibles sanciones y responsables en caso de incumplimiento”, puntualizó la Contraloría.
La Contraloría también expresó preocupación por un cambio efectuado al texto base, el cual establecía que el otorgamiento del beneficio se haría por una sola vez, pero la versión dictaminada, “sugiere” una aplicación anual, y por tanto reiterativa, “con el consecuente eventual costo fiscal”.
El órgano también llamó la atención por la “profusión” de iniciativas de ley que pretenden eximir del pago del IVA a diversos objetos, entidades o actividades.
Igualmente, cuestionó que tales propuestas no son acompañadas de medidas compensatorias que “restablezcan el necesario equilibrio, generando riesgos acumulativos al principio de continuidad en la prestación de servicios públicos”.
El proyecto establece que para la aplicación de la exoneración, el estudiante debe presentar ante el comercio, una constancia de que se encuentra matriculado en un centro de enseñanza primaria o secundaria.
Al realizarse la compra, se generaría un crédito fiscal al comerciante.
La propuesta fue presentada en setiembre del 2022 por el diputado Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR) y fue dictaminada afirmativamente el pasado 05 de octubre, por la mayoría de la comisión legislativa.
Solamente votó en contra el diputado Jorge Rojas López, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).