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El fiscal general suspendido, Jorge Chavarría, admitió que hay una "afirmación falsa" en la solicitud de desestimación que la Fiscalía General le presentó a la Sala III en torno a la causa judicial, por presunto tráfico de influencias, contra los diputados Víctor Hugo Morales Zapata y Otto Guevara por el caso del cemento chino.
Según dijo, el error, que él no se explica, consistió en decir que no se comprobaron relaciones telefónicas entre Morales Zapata y el importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, así como entre Otto Guevara y Bolaños.
No obstante, Chavarría les dijo a los diputados que ese era el único error y que este no mina el fundamento de la desestimación, pues el tipo penal que se investigaba exigía demostrar si un funcionario hizo una presión sobre un funcionario de grado inferior en favor de alguien y para obtener un beneficio.
Precisó, que se recibió una denuncia anónima sobre un presunto tráfico de influencias en torno a la modificación del reglamento para la importación de cemento, el otorgamiento de un préstamo del BCR a la empresa Sinocem Costa Rica y el desalmacenaje de un embarque de cemento en Aduanas.
"Hay que ver si alguna de esas decisiones se tomó por influencia del funcionario de alto rango", comentó.
En el caso del Banco de Costa Rica (BCR), alegó que tres informes de Auditoría del banco dijeron que el préstamos se había concedido de manera correcta.
Dijo que, cuando la investigación llegó a ese punto, conversó con el fiscal Ricky González (que llevaba el caso) y observaron que solo faltaba un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Quedaron en que si el informe de la Sugef verificaba lo que decía la Auditoría del BCR y no había otra posibilidad, se podía elaborar un proyecto de desestimación de la causa.
"Cuando salgo del país, el 30 de enero (del 2017), Ricky elabora el proyecto de desestimación y se le presenta a Berenice Smith (en aquella época fiscal general en ejercicio). Ella revisa el dictamen y lo firma. Yo no le dije a Ricky que se lo pasara a firmar a Berenice", dijo.
"En la desestimación hay una afirmación falsa: que solo hay comunicación entre los diputados, mas no entre ellos y Bolaños, lo cual no es cierto. Ese es el único punto que tiene que investigarse", dijo Chavarría.
No obstante, alegó que aún ese contacto telefónico, si bien era un elemento importante para continuar con la investigación, lo que se tenía que comprobar era que existió presión de un alto funcionario sobre un funcionario de grado inferior.
En su criterio, era necesario demostrar que los diputados Otto Guevara o Víctor Morales influyeron en el banco para el otorgamiento del crédito en favor de Bolaños.
Asimismo, alegó que la legislación penal costarricense está atrasada y que no permite el castigo de conductas corruptas por falta de tipología.
Sobre el informe de la Sugef, explicó que le pidió al superintendente general de entidades financieras, Javier Cascante, determinar si las auditorías del BCR eran consistentes: "Dijeron que habían hecho una supervisión general y no encontraban...".
Alegó que, después de la desestimación, le envió una nota al superintendente recordándole que tenía obligación de denunciar y este presentó una denuncia a partir de la cual se empezó a trabajar de manera conjunta.
Chavarría insistió en que él no conoció la solicitud de desestimación del caso porque él estaba fuera del país.
Sostuvo que la fiscal subrogante, que lo sustituyó interinamente, tenía todas las potestades para presentar la desestimación a la Sala III. "Yo confío en eso, en su criterio jurídico y no tengo por qué dudar de ella", dijo.
Mencionó, además, que esta fue acogida por cinco magistrado penales también.
El fiscal general también se refirió a las pesquisas pendientes a las que se refirió el director del OIJ, Wálter Espinoza.
"Una cosa es la investigación y otra cosas es tener un caso. Esas redes de diputados con gente es cuestión de inteligencia política, son reuniones de interés las que tuvo este señor (Juan Carlos Bolaños), pero no es posible relacionarlas con el delito de tráfico de influencias", dijo.
"Es muy importante si esta comisión (legislativa) lograra, primero, crear por ley, como se hizo con la unidad de Narcóticos del OIJ, si se lograr hacer una Unidad Anticorrupción en el OIJ, sería perfecto".
"Un segundo problema: necesidad de dotar al país de investigadores capacitados, en tema bursátil y en tema de seguros".
Chavarría informó de que él le solicitó a Wálter Espinoza, director del OIJ, que abriera la computadora y el teléfono del exdirector de Aduanas, Benito Coghi, en junio. Se logró hacerlo con la computadora, pero no con el teléfono.
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