Jueza: Reestructuración del préstamo a Bolaños fue 'la fase final del asalto a las arcas del Estado'

Con ese razonamiento fue que la jueza de turno extraordinario Ana Cecilia Carballo acogió el 4 de noviembre la medida de prisión solicitada por la Fiscalía.

Ese mismo razonamiento fue respaldado por el juez penal de Hacienda Hugo Porter, a quien le correspondió resolver las apelaciones contra la medida prisión. Así se consigna en resolución 421-2017 de la 1:15 p. m. del pasado jueves, de la cual La Nación tiene copia.

Según el fallo de Porter, la investigación del Ministerio Público se centra en “las acciones y omisiones de los acusados frente a las actuaciones bancarias”.

“Los desmedidos e irregulares favorecimientos a los intereses económicos de otro de los endilgados (Bolaños), que consistió en la entrega de dineros públicos, las ausencias de garantías suficientes, las modificaciones documentadas que se hacían para otorgar una visión de cumplimiento de las obligaciones pactadas”, dice la sentencia del juez del Tribunal Penal de Hacienda.

La Fiscalía investiga por un presunto peculado a Mario Barrenechea, gerente general del Banco de Costa Rica (BCR); Gilberth Barrantes, gerente corporativo de Riesgos; Marvin Corrales, subgerente de Banca Minorista; Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista; Leonardo Acuña, subgerente de Finanzas y Riesgo y Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de gestión de Créditos.

El órgano acusador les atribuye haber facilitado la sustracción de recursos públicos por su participación en el otorgamiento y el manejo de las líneas de crédito que el BCR le otorgó a Bolaños para que importara cemento desde China, a partir del 2016.

Se trata del financiamiento por el cual el empresario, según un corte hecho en octubre, aún debía $25 millones al banco.

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El BCR le aprobó a la empresa Sinocem, propiedad de Bolaños, dos líneas de crédito: una con un tope de endeudamiento de $20 millones para importar cemento y otra de $10 millones para los gastos de nacionalización del producto.

Solo en el año 2016, el banco le giró a Sinocem un total de $38,9 millones, que alcanzaban para traer el país 368.000 toneladas de cemento. No obstante, según registros oficiales, al país solo ingresaron importaciones por $9,7 millones.

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Entre abril del 2016 y marzo del 2017, dos ejecutivas del BCR advirtieron a sus superiores sobre las incongruencias, pero sus alertas fueron desoídas. Si no está entrando más cemento, ¿para qué quieren más dinero?, cuestionaron las ejecutivas Adriana Castro y Bettina Rivero.

Pese a las observaciones, el 16 de enero del 2017, el BCR le aprobó a Bolaños un refinanciamiento por $30 millones, el cual extendió de 6 meses a 18 meses el plazo para que pagara lo adeudado.

Once días después de aprobado el refinanciamiento, el Banco le giró $23 millones a Sinocem y, el 4 de abril, otros $2 millones. Estos desembolsos sirvieron para que Bolaños le pagara al BCR el saldo de los 16 giros que esta misma entidad le hizo en el 2016.

"El primer giro de la línea de crédito sería utilizado para cancelar los pagos realizados a la línea de crédito vigente aprobada para la importación de cemento. Esto debido a que los desembolsos no se realizaron de acuerdo al giro de negocio", se argumentó en informe OIT-170-2017 Estudio de cliente Sinocem, de la Oficina de Investigaciones Técnicas del BCR.

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El 26 de abril del 2017, cuando el Comité de Crédito del Banco Popular también acordó reestructurar el crédito por $5 millones que le había otorgado al Grupo JCB para importar cemento chino, se trajo a colación la reestructuración que el BCR le había concedido a Bolaños.

Ese día, el ejecutivo del BP, Kendall Gómez Barrantes, mencionó que el BCR y Bolaños renegociaron la forma de pago de manera que el empresario cancelaría el principal adeudado en mayo del 2018.

Ante consultas del gerente del Popular, Geovanny Garro, el ejecutivo explicó que en realidad Bolaños tenía hasta mayo del 2018 para dejar en cero el saldo de la línea de crédito.

Pese a todo, el pasado 21 de setiembre, el BCR decidió cerrar de manera anticipada el financiamiento a Sinocem, después de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) revelara que el Banco ocultó morosidad del cliente, e incumplió con el contrato de crédito.

El cliente quedó debiendo los $25 millones.

Una denuncia de la Sugef, precisamente, resultó clave en esta investigación.

De acuerdo con el juez Porter, su colega Carballo “al final describe desde el ámbito probatorio y fáctico, las consecuencias de aquella reestructuración del préstamo, que a todas luces para la jueza fue la fase final del asalto a las arcas del Estado”.

Los efectos de los hechos investigados, indicó la jueza de primera instancia, se produjeron en dos vías: porque el banco quedó obligado a reservar fondos para garantizar la reposición en caso de un posible impago, y por la pérdida de confianza al verse inmerso en disputas legales.

La magnitud del daño fue uno de los alegatos de la Fiscalía en su solicitud de prisión preventiva para los siete imputados. El ente acusador también argumentó que los investigados presentan peligro de fuga y de obstaculización del proceso.

Alegatos desechados

En la audiencia de apelación de medidas cautelares, los defensores intentaron traerse abajo varios de los argumentos y las pruebas tomados en cuenta por la jueza Carballo.

Al final, Porter desestimó todos los alegatos. Entre ellos, negó que la juzgadora de primera instancia estuviera influenciada por la información que ha trascendido en medios de comunicación y que las extensas diligencias previas a la fijación de medidas cautelares (las cuales se extendieron durante 40 horas) hayan afectado el “poder de concentración y atención” de los acusados y sus defensores.

Los abogados de Bolaños y Barrenechea también habían alegado la ausencia de la orden que autorizó la orden de allanamiento a las propiedades de Bolaños y Barrenechea.

Al respecto, el juez admitió la versión de la Fiscalía, la cual adujo que el documento original existe en su versión digital, y que ese formato es igualmente válido.

Tras conocer la resolución, la principal crítica de los defensores fue que el juez no se refiriera a la solicitud de que a los imputados se les dictara una medida cautelar distinta, como el arresto domicilario con vigilancia mediante dispositivos electrónicos.

“Todos le dijimos: mire, en caso de que usted crea que ellos tienen peligro de fuga, póngalos en arresto domiciliario. Yo consulté al director de la unidad de admisión (San Sebastián), hay suficientes brazaletes para habérselos dado a ellos y esperábamos que al menos nos explicara por qué esa cuestión de derechos humanos no iba a ser otorgada, y no hay nada, es como si el tema no existiera. Ni se discute”, reprochó Fernando Vargas, defensor de Bolaños.

El mismo reclamo hizo Andrés Pérez, representante de Mario Barrenechea, quien apeló a la condición de adulto mayor de su cliente, quien tiene 68 años.“

"La Convención de Derechos Humanos concede el derecho a toda persona acusada de que un juez la oiga, pero no es simplemente que se siente y oiga, el juez tiene la obligación de contestarle al ciudadano que enfrenta el proceso penal sus argumentos. Hay 46 o 47 motivos por los cuales se apeló esa resolución, y lastimosamente hay solo siete razones a las que nos da contestación”, dijo Pérez.

Porter solo le concedió a Barrenechea una llamada de atención para las autoridades carcelarias, debido a que su abogado dijo que en el centro penitenciario no tiene a disposición una computadora en la cual consultar el expediente de la investigación.

El fallo del Tribunal de Apelaciones ratifica que los siete imputados permanecerán recluidos hasta el 4 de febrero del 2018, Barrenechea en la cárcel para adultos mayores, en San Rafael de Alajuela, y los demás en la cárcel de San Sebastián, San José, mientras avanza la investigación.