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El sospechoso de narcotráfico Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, admitió ante una institución pública, en julio, haber construido el muelle ilegal que apareció en bahía Portete, Limón, en el mismo complejo portuario donde la Policía capturó una lancha cargada con marihuana comprimida, en noviembre del 2014.
Aunque lo negó frente a los diputados a principios de este mes, Bell envió documentos al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el 28 de julio pasado, en los que se atribuye tanto la construcción como la posesión de los terrenos contiguos.
Macho Coca aportó hasta una declaración jurada al Senasa a la hora de solicitarle un permiso para poder embarcar, desembarcar y almacenar productos pesqueros en ese enclave muellero de 22.000 m².
Por la construcción del embarcadero, la Fiscalía le atribuye al empresario un supuesto delito de usurpación de bienes de dominio público, al tiempo que lo arrestó como sospechoso de liderar una organización de tráfico de drogas.
Contradictorio. La documentación presentada al Senasa contradice la versión de Bell, el 1.° de octubre, en la Comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico, donde fue llamado a comparecer por el polémico muelle.
Sin embargo, en una carta enviada al Senasa, Bell afirmó que desde hace 25 años es poseedor de un terreno sin inscribir en Portete, el cual sirvió para construir el muelle donde descargan cuatro embarcaciones pesqueras de tamaño mediano, cada 13 o 18 días.
“Por mis labores de pesca y a falta de compromiso de nuestro gobierno por desarrollar en nuestra zona del Caribe una terminal pesquera en Portete, hemos tenido que ir construyendo infraestructura que nos permita desarrollar las mismas ( sic) de forma sostenible”, alegó Macho Coca.
Para insistir en la necesidad del certificado veterinario de operación del Senasa, aportó una declaración jurada que dice: “Manifiesta bajo fe de juramento que deja rendido: que es propietario de un terreno sin inscribir en el Registro de la Propiedad (…). Que es un terreno con construcciones de muelle pesquero, según plano no inscrito en el Registro Público, con una medida de 1.041 m²”.
Agrega: “Se han ejercido derechos de posesión durante más de 25 años, lo que ha servido para la construcción de un muelle, que estos derechos de posesión han sido ejercidos en forma pública, pacífica, continua”.
La firma de Bell en el formulario presentado ante el Senasa fue autentificada por Anita Mc Donal, integrante de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
Alexis Sandí, subdirector de Senasa, informó de que el permiso estaba pendiente y que, ante los hechos, no se otorgará.
Bell fue detenido el 8 de octubre. La Fiscalía incluso le atribuye sobornar a tres oficiales de Tránsito para poder trasegar drogas por la ruta 32.
En la comparecencia en el Congreso, ante cuestionamientos de Rolando González, Bell evadió dar detalles bajo el alegato de que el caso lo investigaba el Ministerio Público. “La ley no me lo permite (contestar)”, decía.
El presidente de la Comisión, Antonio Álvarez, del PLN, asegura que los documentos demuestran que Bell mintió bajo juramento a los diputados: “Es evidente que faltó a la verdad y mintió. Vamos a presentar una denuncia por el delito de perjurio”.
Este medio procuró una reacción de la defensa de Bell, pero ayer jueves no fue posible.
