La mayoría de candidatos a la Presidencia de la República respaldan la labor de la fiscala general, Emilia Navas, y su actuación en el caso del cemento chino.
Ante una consulta de La Nación, siete aspirantes expresaron este jueves una opinión favorable sobre la funcionaria judicial. Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional (PIN), no contestó las llamadas de este diario. En octubre pasado, él había descalificado el nombramiento de Navas.
Quienes apoyaron la gestión de la fiscala son: Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Socialcristiano; Antonio Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana; y Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional.
Incluso el candidato del Movimiento Libertario, Otto Guevara, cuyo despacho y vivienda fueron allanados el miércoles pasado por la funcionaria, aseguró que no tiene elementos para dudar de la integridad de la mujer que está al frente, en forma interina, del Ministerio Público.
Este jueves, La Nación intentó conocer la opinión de Castro sobre la gestión de la fiscala, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular.
El aspirante del PIN ya se ha expresado sobre Navas en las redes sociales. El pasado 13 de octubre, luego de la designación de la funcionaria judicial, Castro manifestó lo siguiente en su perfil en Facebook:
Navas ocupa temporalmente el cargo que dejó Jorge Chavarría, quien fuera suspendido por la Corte Plena mientras investiga una cuestionada solicitud de desestimación hecha por su oficina en una causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata por el supuesto delito de tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Bolaños para la importación de cemento desde China.
Este jueves, trascendió que Chavarría adelantó su jubilación para este viernes 1.° de diciembre.
Con mes y medio en su nueva silla, Navas ya allanó los despachos y viviendas de funcionarios de tres poderes de la República y del Banco de Costa Rica (BCR).
El pasado 19 de octubre, dirigió un allanamiento en la oficina del ahora magistrado suspendido de la Sala Tercera, Celso Gamboa, como parte de una investigación por sus vínculos con Bolaños. El miércoles anterior, encabezó una diligencia similar en los despachos y residencias de los diputados Guevara y Morales Zapata, así como del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.
Además, el pasado 3 de noviembre, el Ministerio Público allanó propiedades del importador de cemento y el despacho de seis gerentes del BCR, entidad que prestó $30 millones al empresario. Estas últimas siete personas cumplen tres meses de prisión preventiva.