Nogui Acosta: Si no se vende el BCR, diremos a la gente que no hay espacio para gasto social

Acosta hizo la advertencia en la Asamblea Legislativa, al referirse a la presentación de un tercer proyecto de ley para vender el BCR y su conglomerado, con el objetivo de obtener recursos para atenuar la deuda pública y generar ahorros para inversión social. El nuevo texto entró este lunes con algunos cambios en el procedimiento de venta.

“Nuestra responsabilidad es plantearlo a la Asamblea. Son ellos quienes toman la decisión de la aprobación de ley. Si la decisión de los diputados no es aprobarlo, entonces vamos a tener que actuar en consecuencia y decirle a la gente: ‘no se pudo vender y no tenemos el espacio para acometer el gasto social’”, declaró el ministro.

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Nogui Acosta afirmó que el valor del Banco de Costa Rica (BCR) asciende a $1.800 millones (¢900.000 millones).

100% para el pago de deuda

Según el nuevo proyecto, explicó Acosta, el total de los fondos obtenidos por la venta se destinaría al pago de la deuda pública, lo que resultaría en ahorros para el gobierno en términos de intereses y proporcionaría un margen fiscal adicional de ¢60.000 millones anuales para la inversión en programas sociales.

El destino de los fondos contiene cambios con respecto al texto anterior, el cual no obtuvo consenso en la Asamblea. En la versión previa, se proponía destinar un 5% del producto de la venta para la creación del Fondo de Reservas Sociales, bajo la administración del Ministerio de Hacienda.

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Este fondo tenía como objetivo asignar recursos a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), entidades que hoy reciben fondos anuales provenientes de las ganancias del BCR.

El proyecto anterior proponía asignar estos recursos mediante un enfoque de presupuesto basado en resultados y programas específicos, como medida para mitigar los efectos negativos que la venta podría tener al eliminar las cargas parafiscales.

“Hemos venido presentando a los diputados diversas alternativas; las diferencias fundamentales radican en el procedimiento de venta, pero el objetivo que buscamos no ha cambiado. Estamos simplificando y haciendo más transparente el proceso”, dijo Acosta.

Agregó que si bien el BCR es un banco competente que genera rendimientos favorables, no representa un buen negocio para el Estado, ya que no contribuye a satisfacer la función social de generar espacio fiscal para los sectores más vulnerables.

En el nuevo texto, el Consejo de Gobierno también figura como el responsable final de todas las decisiones relacionadas con la subasta del banco. Además, este tendrá la facultad de autorizar al ministro de Hacienda para llevar a cabo todos los procedimientos y transacciones legales requeridos para negociar, facilitar, gestionar, concretar y concluir la venta.

Más cambios

Otro de los cambios, explicó Acosta, consiste en vender el 100% del capital accionario en un solo tracto, en lugar de hacerlo por fases como en los anteriores textos, lo que implicaba que el Estado perdiera una parte del control, pero no todo el capital accionario, según el ministro.

El anterior texto planteaba tres etapas: en seis meses se vendería el 51% de las acciones; en los siguientes tres meses, el 25% y, en los tres meses subsiguientes, el 24% restante.

Exclusión de controles

De manera similar al texto base, el cual fue desechado por los diputados, la propuesta actual mantiene la exclusión de los controles establecidos en la Ley de Contratación Pública en el proceso de venta.

Este aspecto fue objeto de críticas por parte de la Contraloría y los diputados, ya que permitiría al Consejo de Gobierno contratar directamente a la persona o firma asesora del proceso de subasta.

El órgano contralor también señaló ausencia de criterios claros para definir el porcentaje de comisión que recibiría la persona encargada de la asesoría por la venta del banco.

En la propuesta inicial, se planteaba que un comité compuesto por cinco ministros (Hacienda, Presidencia, Planificación, Economía y Trabajo) contratara una asesoría sin necesidad de recurrir al sistema de compras públicas. Esto se haría a través de entrevistas para seleccionar a los asesores.

Ahora, en el tercer proyecto, se establece que el Ministerio de Hacienda deberá, antes de iniciar el procedimiento de selección, crear la Comisión Ejecutiva de Calificación y Selección de Firmas Asesoras.

Esta comisión estará presidida por el ministro de Hacienda y dos ministros de Estado designados por el Consejo de Gobierno. Su función será definir el perfil de los servicios a contratar, los criterios para la selección de la mejor oferta, así como la metodología de evaluación y ponderación de cada criterio.

Acosta argumentó que Ley de Contratación Pública no contiene buenas prácticas en materia de venta de activos públicos, bajo la figura que normalmente se utiliza que es el Two Step Process (proceso de dos pasos).

“Los principios de contratación pública internacional siguen siendo la guía del procedimiento de contratación. Esto no es nuevo, pues es un mecanismo similar al usado en la colocación de eurobonos”, dijo.

El ministro agregó que sería contraproducente fijar en la ley el porcentaje de comisión de la empresa asesora, pues la cifra dependería de las ofertas que se reciban en un concurso internacional.