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El presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, el diputado Gonzalo Ramírez, anunció la tarde de este miércoles, luego de la sesión del Plenario, que pedirá un informe detallado sobre el ingreso de agentes armados del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en las instalaciones del Congreso.
De acuerdo con el jerarca, tratará de averiguar cómo fue el intercambio entre los agentes y los guardas de seguridad del Parlamento, pues hay disposiciones internas que impiden el ingreso de cualquier persona con armas a las instalaciones del Poder Legislativo.
“Es para por lo menos hacerle ver al Poder Judicial que, a la Asamblea Legislativa, si se entra con armas, se tiene que solicitar el permiso pertinente”, comentó Ramírez.
El presidente legislativo añadió que a él nadie le pidió el permiso y que los fiscales pueden hacer el allanamiento y “nadie está en contra de que se haga, si tienen la orden judicial respectiva”.
“Pero tienen que cumplir con los lineamientos legales para entrar a un poder de la República”, apuntó el presidente del Congreso.
Según el director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, él sí fue contactado a la hora de llegada de los funcionarios judiciales.
Ayales añadió que el impedimento de ingreso de los agentes armados es una disposición interna emanada de la Unidad de Seguridad del Congreso y que él mismo les dijo a la seguridad legislativa que, ante una orden de allanamiento firmada por los suplentes de la Sala Tercera, había que acatarla totalmente.
“Esa disposición es interna, emanada por Seguridad, para chequear gente, revisar bultos, porque como no tenemos policías, sino agentes de seguridad que no están preparados para actuar como policías, como protección limitamos el ingreso de armas para evitar problemas internos”, comentó Ayales.
En principio, esa directriz interna del Congreso establece que el ingreso de personas armadas solo lo puede autorizar el presidente del Directorio.
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“Lo que me dijeron, de manera informal, es que cuando los (agentes) del OIJ pidieron entrar, los muchachos de Seguridad de la Asamblea les dijeron que con mucho gusto les abrían los portones, pero que no podían entrar con armas, que se les tenía que autorizar de forma extraordinaria. Entonces, ellos dijeron que, o les abrían o botaban el portón y que iban a entrar siempre”, comentó Ramírez.
Ayales confirmó que a él también le dijeron informalmente que los oficiales judiciales hablaron de botar el portón, si se les negaba el ingreso tal como venían.
El ingreso de los agentes judiciales y los fiscales del Ministerio Público, junto con la fiscal general, Emilia Navas, y los magistrados suplentes de la Sala Tercera se dio a las 8:30 a. m.
Ellos ingresaron, mostraron la orden de allanamiento firmada por los magistrados y se dirigieron a la oficina de los asesores de Otto Guevara, donde forzaron la puerta y secuestraron equipo de cómputo y otros documentos.
Luego, fueron a la oficina del diputado libertario, hicieron lo mismo y, finalmente, acudieron a la oficina del independiente Víctor Morales Zapata, pasado el mediodía.
Por la tarde, finalizadas las gestiones en el Congreso, se fueron los empleados judiciales a la oficina del viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, en el Ministerio de Hacienda y, luego, a las casas de los diputados y del viceministro.
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Guevara y Morales han sido cuestionados por su relación con el importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, quien está preso por un presunto peculado en el manejo del financiamiento que el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó para importar cemento, y por el cual quedó debiendo $25 millones.
La Fiscalía tiene abierta una causa por presunto tráfico de influencias en torno a la importación del cemento de Bolaños, en la que ambos diputados figuran como investigados.
A Morales, a su vez, también se le cuestionó por haber llamado al director de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, para interceder por un pago en favor de una empresa de Bolaños, así como por el hecho de que el director de varias de las empresas del importador le gestionó unas vacaciones de fin de año en Guanacaste.
En cuanto al viceministro Fernando Rodríguez, el exdirector de Aduanas, Benito Coghi, reveló ante la comisión legislativa que investiga los créditos otorgados por el BCR que el jerarca se puso en contacto con él, a mediados del 2016, para consultarle qué ocurría con un embarque de 20.000 toneladas de cemento de Bolaños, que tenía problemas para ingresar al país.
Coghi incluso mostró un correo electrónico en el que el funcionario le comentó que el big chief, en alusión al presidente Luis Guillermo Solís, estaba a la espera de que se aclarara el tema y, que cuando el cemento se desembarcó, le dijo que se había ganado puntos en Zapote.
Fernando Rodríguez alegó ante la comisión investigadora que hizo tales comentarios porque el diputado Morales Zapata le había consultado por el caso y le aseguró que hablaba en nombre del presidente, algo que el diputado negó, aunque luego dijo que siempre actuó en coordinación con Solís.
El viceministro incluso convocó al director de Aduanas a una reunión con Morales Zapata para hablar del tema. El cemento fue desembarcado, aunque tenía problemas con la nota técnica del Ministerio de Economía, mediante una figura llamada habilitación temporal, la cual es investigada por la Fiscalía. Pese a esto, el presidente Solís dejó al viceministro en su puesto.
