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Magistradas, juezas y profesionales del Poder Judicial reaccionaron con repudio ante la declaración del candidato presidencial del PIN, Juan Diego Castro, quien afirmó este viernes que las funcionarias judiciales debían hacer sexo oral, hace 20 años, para ascender de puestos en su trabajo.
En un comunicado publicado en su página de Facebook, la Asociación Nacional de Profesionales del Poder Judicial (Anprojud) repudió las declaraciones de Castro, porque considera que "cuestionan los procesos de ascenso profesional que de manera transparente han logrado las mujeres" dentro de la Corte Suprema de Justicia.
"Exigimos la presentación de las denuncias correspondientes o, en su defecto, la disculpa pública para todas las mujeres que integran la población judicial y que por mérito auténtico han destacado y escalado la estructura laboral de este poder de la República", dice el comunicado de la Asociación.
El sábado por la noche, también la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) lanzó un pronunciamiento en torno a esas referencias sobre el supuesto ascenso de las funcionarias judiciales por la vía de los favores sexuales.
"La Acojud deplora el irrespeto a la democracia, a la institucionalidad y a las mujeres en general, evidenciado en recientes manifestaciones, emitidas en el marco de la campaña electoral, contra las juezas costarricenses, quienes se han desarrollado profesionalmente bajo los cánones de la carrera judicial", dice el comunicado.
En la nota, enfatizan los jueces y juezas que el Poder Judicial cuenta con recursos legales y operativos para apoyar a las funcionarias que interpongan denuncias por este tipo de conductas sexuales, para que se sancionen administrativa y judicialmente.
"Acojud hace un vehemente llamado para que durante la campaña política impere la coherencia con este valor universal de respeto hacia las mujeres y el ser humano en general, en todos sus ámbitos de desarrollo", dice la Asociación de Jueces.
La magistrada Julia Varela, de la Sala Segunda, comentó, vía telefónica, que la declaración de Castro es desafortunada y enfatizó que no tiene ninguna base para hacer dicha afirmación sobre las funcionarias judiciales de hace 20 años.
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"Esto lo dice él en un contexto político, que desde mi punto de vista es desafortunado. No me parece que sea justo que él esté, ahora, cuestionando a las mujeres que para aquella época entraron; me parece muy ingrato, desafortunado, inapropiado desde mi punto de vista, como profesional y como mujer, me parece que está hablando sin ninguna base", comentó Varela.
La magistrada añadió que, si Castro tenía bases, "debió haber hecho su pronunciamiento, en su momento, como abogado que es".
"Si tuvo bases, debió haber actuado por una cuestión ética, pero es muy ingrato porque está poniendo en cuestión a todas las profesionales que, en aquel entonces, accedieron a un puesto importante", añadió la alta jueza.
Sandra Saborío, jueza de familia en San Carlos, también reaccionó en contra de lo dicho por el candidato presidencial. Ella publicó un comentario en su perfil de Facebook, donde exigió respeto para ella, como mujer y como funcionaria del Poder Judicial.
"Quiero poner a las órdenes de este señor cada año, cada mes, cada día, cada minuto y cada segundo de mis 26 años de carrera, mi expediente como funcionaria judicial, cada examen, cada entrevista, cada título, cada acta, para que aprenda cómo se forma una profesional de verdad", escribió Saborío.
Saborío apuntó que el hecho de que ella sea mujer no quiere decir que necesite estar haciendo favores sexuales a alguien para obtener privilegios laborales.
"Si en su insalubre y triste vida el señor Castro los ha exigido para hacer alarde de su masculinidad, allá él con la conciencia que puede caber en un cerebro de ese tamaño", indicó la jueza de familia.
Este sábado, se le pidió nuevamente criterio a la Asociación Costarricense de Juezas. En una declaración emitida a solicitud de La Nación, aseguró que las administradoras de justicia tienen impedimento legal para participar o inmiscuirse en asuntos de política electoral.
"La Asociación que representamos tiene absoluta claridad de que las luchas reivindicativas de los derechos de las mujeres deben ser encabezadas y ejecutadas por las mujeres, organizaciones de derechos humanos y los movimientos feministas", agrega el pronunciamiento.
Además, en la declaración la Asociación explica que, una vez finalizado el proceso electoral, se harán valoraciones sobre los alcances jurídicos de "todas aquellas alusiones político electorales que menoscaben la dignidad y el honor de las juezas de la República".
La declaración de Juan Diego Castro se produjo durante una transmisión en vivo por Facebook, en la que el candidato presidencial del Partido Integración Nacional (PIN), en principio, hablaría sobre sus propuestas fiscales.
"Yo oí a compañeras mías de facultad, después de que empezamos a celebrar los cinco años, los diez años de graduados, los 15, los 20, (...) y compañeras que lloraron contándome que tenían que hacerle el sexo oral a un presidente de la Corte para que las ascendieran de puesto, y no fue ayer, fue hace más de 20 años", dijo Castro en la transmisión.
Durante su alocución, a la que solo había acceso a través de su página de Facebook, Castro no presentó pruebas de esa acusación.
En ese mismo vídeo, utilizando una premisa falsa, Castro lanzó un cuestionamiento contra el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, sobre su pensión.
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El mismo viernes, después de lo dicho por Castro, la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias, apuntó que desde hace más de diez años se generó una política de género y "se viene trabajando en el tema del acoso y el hostigamiento sexual en el trabajo".
"La comisión específica de hostigamiento sexual tiene resultados tangibles en protección de los derechos humanos de las mujeres a no ser violentadas de ninguna forma, tales como investigaciones de hostigamiento sexual, casos resueltos, sanciones disciplinarias impuestas. Se trabaja en prevención, sensibilización y se dan oportunidades a las mujeres para que interpongan sus denuncias, se las provee de defensa y se les garantiza un abordaje integral como víctimas", explicó Arias.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, explicó que desconocía la declaración de Castro Fernández.
"Lo que puedo decirle es que respeto la posición del candidato presidencial Juan Diego Castro Fernández, pero no tengo ningún conocimiento o referencia de que hace 20 años o más se dieran este tipo de abusos contra funcionarios o funcionarias. No podría hacer alguna afirmación o negación porque no conozco nada sobre el tema", indicó el magistrado penal.
Nota: artículo actualizado el domingo 7 de enero, a las 4:09 p. m., con el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de la Judicatura.
