EscucharLa contralora general de la República, Marta Acosta, fue categórica al señalar que el proyecto impulsado por el Gobierno para fusionar las tres entidades del sector vivienda provocaría la eliminación de programas sociales como el bono familiar de la vivienda y el programa de vivienda para jóvenes (Profivijo).
Acosta advirtió este jueves, ante la comisión legislativa de Modernización y Reforma del Estado, de que la suspensión de dichos programas ocurriría como resultado de la derogatoria de la Ley N°. 7052, medida que viene sugerida en la iniciativa propuesta por la administración Chaves.
Dicha legislación es, precisamente, la que da vida al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), que es la unidad ejecutora del Bono Familiar de Vivienda, y el Fondo de Nacional para la Vivienda, dependencia del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) que administra los recursos para financiar esos programas.
“Al derogar íntegramente la Ley 7052 se eliminan mecanismos para la obtención de vivienda rural o urbana y se pone en riesgo la continuidad de los programas vigentes, para poner solo un ejemplo de la ausencia del enfoque a la ciudadanía”, advirtió la funcionaria.
La derogatoria de esa norma también eliminaría el marco legal de las mutuales de ahorro y crédito y la garantía del Estado en las operaciones de las entidades autorizadas para colocar los bonos, al tiempo que derogaría el sistema de ahorro y préstamo del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU).
Al igual que la Contraloría, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el presidente del Bahnvi, Dagoberto Hidalgo Cortés, y las mutuales de ahorro y crédito habían señalado el riesgo de que los programas sociales se pudieran perder con la aprobación del proyecto.
De acuerdo con el plan, el sistema de ahorro y préstamo pasaría a ser administrado por el nuevo ministerio. Por esta y otras carencias, Acosta recomendó desechar el actual plan y empezar de cero con un nuevo proyecto, pues, consideró de importancia fortalecer la rectoría del sector vivienda.
El proyecto del Gobierno plantea fusionar el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) en nuevo ministerio que se llamaría Territorio, Hábitat y Vivienda (Mihabitat).
El Poder Ejecutivo sostiene que fundir estas instituciones no solo ahorraría alrededor de ¢8.000 millones anuales al Estado al eliminar duplicidad de funciones, sino que también permitiría una gestión más eficiente de los recursos para vivienda de interés social para colocarlos en las comunidades.
Otras deficiencias
La contralora también señaló que, si bien la exposición de motivos del proyecto describe la problemática del sector vivienda, urbanismo y ordenamiento territorial, y la redacción se enfoca en fortalecer la rectoría legal y la concentración de materias; el plan no necesariamente se enfoca en resolver las causas de la problemática.
“Tampoco aborda el modelo de gestión que eventualmente facilite a la población el bien y servicio requerido, ni define la población objetivo a atender en el caso de vivienda”, criticó Acosta.
El plan, según señaló, tampoco tiene claridad sobre quiénes serán los participantes estatales en el sector y su rol, los mecanismos de coordinación y articulación con otras entidades públicas de diferente naturaleza jurídica y le falta precisar los criterios estratégicos básicos procurados por la política pública.
Además, señaló la jerarca, el proyecto omite temas que son reserva de ley para resolverlos vía reglamento, como los subsidios para proyectos de ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, los programas habitacionales y mejoramiento de barrios, y el vehículo financiero de propósito especial.
Dejar fuera del proyectos esos aspectos sería inconstitucional, advirtió la contralora.
El plan del Gobierno propone dotar al nuevo ministerio de una serie de competencias como la intermediación financiera, la suscripción de contratos, emisión de bonos, la celebración de empréstitos y la creación del vehículo financiero de propósito especial.
No obstante, la Contraloría señala que el Mihábitat no cuenta con personalidad jurídica ni capacidad ppopia para esas tareas.
Sector vivienda no tiene norte
Durante su comparecencia de este jueves, la contralora Marta Acosta manifestó que es importante fortalecer la rectoría del sector, pero que lo ideal sería formular un nuevo plan.
Señaló que el sector vivienda es complejo, pues intervienen otras instituciones más allá de las que se pretende fusionar, pero que no ha tenido un norte claro sobre su accionar.
“No se cuenta con una firme rectoría en el tema, lo cual lleva a que las instituciones que conforman el sector no se alineen estrategicamente en procura de resultados y existan problemas de coordinación como sector. Así mismo, existe una débil articulación y seguimiento de las políticas públicas y, sobre todo, se carece de orientación estrategica país exponiéndonos a una visión cortoplacista”, aseveró Acosta.
Señaló que problemas de este tipo dificultan la reducción del déficit habitacional en el país, inciden en generar centros urbanísticos que por falta de coordinación y planificación eficiente a nivel estatal no cuentan con servicios públicos, ni con las fuentes de empleo y esparcimiento requeridos en la urbe.
Esto incide, según puntualizó, en nuevos círculos de pobreza, en el hábitat de las personas y en el medio ambiente.
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La contralora general, Marta Acosta, expuso este jueves en el Congreso los errores del proyecto que impulsa el Ejecutivo para fusionar el sector vivienda en un solo ministerio. Le acompaña Bernal Aragón, subcontralor general. Foto: Asamblea Legislativa
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