Seis diputados de la Comisión investigadora de las finanzas del PAC solicitaron este lunes al presidente de la República, Carlos Alvarado, destituir a Ottón Solís Fallas como representante del Gobierno de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Además, pidieron que el mandatario destituya a la exsecretaria general del Partido Acción Ciudadana (PAC), Margarita Bolaños, del cargo de garante de la ética de su administración.

Así lo explicó el presidente del foro investigador, el legislador liberacionista y secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Gustavo Viales Villegas, esta mañana.

Viales hizo una exposición del informe que firmaron seis congresistas de la comisión investigadora.

En el documento, se recomienda al Ministerio Público retomar la investigación sobre la estafa que el PAC cometió al cobrarle ¢516 millones al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante el cobro de contratos falsos de servicios especiales con dirigentes y militantes que, en realidad, ofrecieron su trabajo de forma gratuita, que brindaron un servicio distinto o que, del todo, no participaron en las elecciones del 2010.

El caso ya fue a juicio y la condena incluso fue ratificada por la Sala III, en contra del partido y de dos de sus exmilitantes, el extesorero Maynor Sterling y el excolaborador Manuel Antonio Bolaños.

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Según los legisladores, de la investigación iniciada en junio del 2019 por iniciativa del independiente Dragos Dolanescu Valenciano, se desprende que hubo más responsables de la estafa condenada por los tribunales de justicia, en particular Ottón Solís Fallas, excandidato presidencial del 2010, y la exsecretaria partidaria Margarita Bolaños.

Ese informe lleva las firmas de Viales, Pedro Muñoz, legislador y precandidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); el restauracionista Giovanni Gómez, los independientes Dolanescu e Ivonne Acuña Cabrera, y la también verdiblanca Franggi Nicolás.

Según la argumentación de Viales, “es claro que los contratos de servicios especiales fueron usados para engrosar la liquidación del PAC” y así poder asegurar que ese partido cobrara la emisión de bonos A de deuda política y, de esa forma, pagarles a medios de comunicación y, principalmente, a familiares de Solís Fallas.

Acá se puede consultar el informe de 235 páginas completo:

Viales adujo también que Acción Ciudadana debe más de ¢619 millones por la estafa condenada y suma 576 días sin que haya pagado.

“Ningún contrato pudo tramitarse sin la firma de Margarita Bolaños, sin pasar por la revisión de ella. Ella misma llamó a dirigentes del PAC para figurar en la firma de esos contratos y consta que familiares suyos firmaron.

“Causa impresión la exclusión de Margarita Bolaños de todo el proceso judicial y de Ottón Solís, quien formaba parte del PAC y en una Asamblea Nacional relató cómo se daban los hechos”, aseveró Viales.

Ottón Solís: ‘Ahorré miles de millones en mis primeras campañas’

Consultado sobre las acusaciones que le dirigieron los diputados, el excandidato presidencial y exdiputado alegó que, en sus dos primeras campañas electorales, ahorró “junto a muchos costarricenses, miles de millones de fondos públicos”.

“En la tercera (2010), hubo hechos posteriores en una dirección contraria, a los cuales me opuse vehementemente como es ampliamente conocido. Ahorrar ha sido mi permanente práctica en todo cargo que he ostentado. Me siento orgulloso de ello”, aseguró Solís.

El exlegislador, actual director por el Gobierno de Costa Rica para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aseguró que “como era de esperarse, la Comisión (investigadora) no encontró nada deshonesto ni ilegal”, excepto lo que “los tribunales ya habían procesado y sobre lo que desde hace varios años establecieron condenas”.

Al contrario de lo que esperaría el foro investigador, Solís dijo que seguirá en su cargo en el BCIE y apuntó que espera “seguir ahorrando millones de fondos públicos”.

Recomendación: ‘Investigar si hay delitos’

Entre las recomendaciones que hace el informe de mayoría, Viales dijo que se le sugiere al Ministerio Público “investigar lo resuelto por la comisión investigadora y los hechos para ver si constituyen delitos perseguibles”.

El liberacionista agregó que hay nuevos actores y se debe cumplir con el mandato de justicia pronta y cumplida, porque “la ética del PAC no es una convicción, sino una pose populista e irresponsable que llevó a mucha ciudadanía al engaño electoral”.

La independiente Acuña agregó que “es importante que la investigación continúe en los tribunales y se esclarezca”.

Viales y Acuña también criticaron que la agrupación intentara, al menos en dos ocasiones, utilizar el remanente del financiamiento estatal para pagar, por un lado, la deuda que los contratos de servicios especiales generaron con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el pago que deben hacer a raíz de la sentencia del 2016.

Entre las recomendaciones de los seis parlamentarios, le piden al TSE que sus departamentos refuercen la comunicación interna a fin de que prevengan y adopten acciones contra acciones que puedan ser indicio de un delito contra el erario costarricense.

También le piden al Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos que realice “estudios especiales que incluyan muestreos para determinar que la información presentada a liquidación haya sido, en la realidad, efectivamente pagada y ejecutada, con el fin de prevenir la simulación de gastos con cargo a la contribución estatal”.

Igualmente, solicitan los congresistas que se hayan investigaciones “hasta las últimas consecuencias” de las actuaciones del PAC que derivaron “en ventajas económicas indebidas en las campañas electorales”.

Para eso, pidieron al TSE que no se escude “en ligeras interpretaciones sobre la prescripción penal que, por lo demás, no le compete hacer”. Sobre ese punto, Pedro Muñoz alegó que es posible investigar las campañas del 2002 y 2006, y dijo que eso permitiría determinar que Ottón Solís es el único responsable de la estafa del PAC.

Aparte de que se revise el informe del foro investigador, los congresistas solicitaron reabrir la causa ya juzgada “para que sean incluidos los nuevos actores y hechos descubiertos en esta comisión, los cuales pueden constituir en actuaciones delincuenciales, pues se estima pudo haberse tratado de un delito continuado”.

Esos nuevos actores, a juicio de Viales Villegas, son precisamente Ottón Solís y Margarita Bolaños.

Asimismo, los firmantes del informe le pidieron a la Fiscalía que valore abrir una investigación sobre los hechos ocurridos durante las campañas 2002 y 2006, “ya que para esta comisión se ha tenido por comprobado que la estafa cometida por el PAC se había institucionalizado desde años previos a la campaña presidencial del 2010.

Al plenario de la Asamblea Legislativa le sugirieron no solo que se apruebe el informe de la investigación, sino también tramitar y aprobar iniciativas de ley para asegurar que los partidos políticos condenados por estafa no puedan acceder al financiamiento estatal para las elecciones nacionales y municipales.

Diputada del PAC: ‘Que se archive la investigación’

Por su parte, la diputada Catalina Montero, del PAC, firmó en solitario un informe de minoría donde recomienda que se archive la investigación que se extendió por casi dos años y dijo que ya el proceso judicial había determinado que a Bolaños no se le podía probar responsabilidad penal en la estafa.

También aseguró que el partido político está tratando de hacer un esfuerzo, junto con los partidarios, para pagar el dinero cobrado ilegalmente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Montero alegó que hubo amplias y exhaustivas investigaciones judiciales sobre la estafa del PAC, así como un juicio con cientos de testigos.

“Hubo pruebas que demostraron que dos personas recogían el mérito suficiente para ser sentenciados como responsables del delito. Los señores de la Fiscalía, el tribunal de pena, la Procuraduría General de la República explicaron ampliamente cómo se configura el delito desde el punto de vista judicial y cómo, en este caso, se determinaron las pruebas que permitieron llegar a esa sentencia”, dijo.

La oficialista agregó que el órgano parlamentario no puede sustituir toda esa investigación y maquinaria judicial por el trabajo de una comisión “que tiene un propósito electorero, lo hemos visto desde el inicio”.

“Estamos en campaña política. Ha sido muy conveniente que se haya suspendido el trabajo de la comisión durante todo un año y esperar hasta ahora, que inicia la campaña, para retomar las conclusiones y el informe de mayoría”, acotó Montero.

La herediana insistió en que las conclusiones de los legisladores no son contundentes y que no hay pruebas necesarias para determinar que haya más personas responsables de ese delito que se cometió en el 2010.