El alto endeudamiento por proyectos fallidos de generación asfixia a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), cuya salud financiera sigue débil según un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR).
El diagnóstico de las finanzas de la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) figura en el informe Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público. Primer Semestre 2018, advierte sobre el nivel de la deuda pública del Gobierno Central.
El documento confirma que la CNFL sigue presentando utilidades negativas acumuladas conforme sus estados financieros al 30 de junio anterior.
Para ese mes, la pérdida ascendía a ¢7.942 millones (43% menor respecto a 30 de junio de 2017). Pese a ello, sus recursos aún son insuficientes para cubrir todos sus requerimientos de operación e inversiones, indica el ente contralor.
Las causas de la “crítica situación financiera”, como la llama el análisis, resultan principalmente por problemas de planeamiento y sobreendeudamiento para construir las plantas de generación eléctrica Balsa Inferior, en el río Balsa, en Santa Rita de Florencia de San Ramón, y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana y Mora.
Balsa Inferior pasó de un estimado inicial de $75 millones a uno real de $361 millones, mientras el Parque Eólico de $21 millones a $54 millones.
Tanto afectaron a la empresa, que la CNFL ha acudido en repetidas ocasiones a su casa matriz a pedirle auxilio financiero por sus deudas. En el 2016, por ejemplo, el ICE le otorgó un crédito por ¢15.000 millones para que pagara una emisión de bonos de deuda colocados en el 2010 para construir Balsa Inferior.
Del 2013 al 2016, la CNFL firmó seis convenios de financiamiento con el ICE; incluidos cinco para financiar la energía que le compra al ICE para proveer electricidad a sus clientes.
El análisis de la CGR confirma que la CNFL acumula así cinco años de estrechez financiera por su sobreendeudamiento.
Según la CGR, ese historial de precariedad financiera hoy se evidencia en la escasa ejecución de algunas partidas del presupuesto de la Compañía para este 2018. Por ejemplo, el rubro de Bienes duraderos que incluye gastos asociados a inversión.
El gasto en esa partida se ha reducido desde el 2015 y, al 30 de junio de 2018, del presupuesto previsto se habían ejecutado únicamente ¢446 millones (6%), del total ¢7.461 millones para este año.
En cambio, a junio anterior sí habían pagado en intereses y comisiones bancarias ¢9.471 millones (47,6%) de ¢19.800 millones previstos este 2018 para ese egreso. A esto se suman otros ¢3.900 millones (33%) de ¢11.700 millones considerados este año para amortización de la deuda. Ambos gastos sumaron ¢15.600 millones a junio, de ¢31.500 millones previstos a cancelar este 2018 (49% del total).
Esta situación, indicó la Contraloría, obedece a que en este momento la prioridad de la institución es atender sus deuda y los gastos fijos de operación.
“De ahí que los gastos de intereses y amortizaciones han venido creciendo simultáneamente para hacer frente a dichas obligaciones”, indicó la CGR.
Problemas de planeamiento
Los apuros de la CNFL condujeron a que esta intentara, en el 2015, trasladar las pérdidas por ambas inversiones a sus 520.000 abonados con un alza de 35% de la tarifa de electricidad.
En aquel ajuste; sin embargo, la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) solo autorizó 18% de alza después de excluir casi ¢169.000 millones ligados al costo de las plantas.
La Aresep halló que la gestión de los proyectos fue inadecuada desde su inicio, pues los estudios de prefactibilidad y de factibilidad se basaron en diseños iniciales de obras sin análisis detallados.
Se obviaron, además, variables técnicas, geográficas, de mercado, tecnológicas, sociales, ambientales y el impacto económico de las inversiones. Según la Aresep, la CNFL tampoco logró aportar evidencia de que haya valorado el impacto tarifario de estos proyectos o el eventual beneficio de ambos para sus usuarios.
La CNFL ni siquiera pudo probar que incorporó en el análisis financiero de las plantas el precio de compra de energía al ICE, pese a que “se trataba de un factor determinante para valorar la viabilidad y rentabilidad de los proyectos”. El efecto de estos errores apareció en la etapa de obras, cuando se dispararon los costos.