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El cuido de 51.000 niños de escasos recursos en centros privados, casas particulares y guarderías municipales de la Red de Cuido representa una inversión anual de ¢25.834 para el IMAS, sin que la institución ejerza mayor control sobre el uso de esos fondos.
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) asigna el dinero a familias y se los deposita directamente a los centros prestadores del servicio de cuido, pero se declara imposibilitado para verificar que la infraestructura, el trato y la alimentación brindada a los niños son adecuados.
La afirmación se fundamenta en un informe que elaboró el Departamento de Asesoría Legal desde 2015, en el que se concluye que la ley creadora de la Red de Cuido le atribuye la supervisión de los centros de manera exclusiva al Consejo de Atención Integral (CAI), un órgano adscrito al Ministerio de Salud que también emite los permisos de funcionamiento de guarderías.
De acuerdo con Emilio Arias, presidente ejecutivo del IMAS, la disposición limita la competencia de los los funcionarios del las oficinas regionales a visitar periódicamente los centros, si las guarderías lo permiten, para verificar que los menores asisten.
“Nos han puesto como requisito avisar que vamos con antelación”, dijo Arias.
Andrea Morera, presidenta del CAI, confirmó que Salud ha tenido que realizar inspecciones de oficio a solicitud del IMAS, cuando al Instituto se le niega la entrada a algún centro. La funcionaria no especificó ningún caso.
“El Área Rectora de Salud hace revisiones anualmente (de las guarderías”, pero si detectamos algún tipo de denuncia, el Consejo hace supervisiones”, explicó Morera.
Los establecimientos se cierran temporalmente si incumplen más de un 70% de las normas para operar. Si las anomalías son menores, se realiza un apercibimiento y se da un plazo de cinco días para corregir las fallas, detalló la funcionaria.
Karen Cartín, dueña de una guardería en San Ramón de Alajuela, rechaza que los centros carezcan de supervisión. La empresaria asegura que en varias ocasiones ha recibido a funcionarios del IMAS, quienes revisan sus instalaciones y la documentación.
En la última inspección, las funcionarias incluso le solicitaron hacer modificaciones al local, aseguró Cartín.
Medida paliativa
Arias informó de que el IMAS está interesado en adoptar la acreditación que extiende el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) a las guarderías que financia .
Jalila Meza, coordinadora del Departamento de Acreditación del PANI, detalló que se trata de una certificación de calidad similar a una norma ISO.
“Se está trabajando en una comisión interinstitucional con otras instituciones, como la Dirección Nacional de Cen - Cinái y la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, para tratar de homologar y que se establezcan criterios de calidad en toda la Red”, explicó Meza.
No obstante, la funcionaria reconoció que esa certificación es voluntaria.
Arias exime a la institución que encabeza por los mínimos controles que se ejercen sobre el uso de fondos públicos para el cuido de menores, y asegura que mejorar la regulación depende de que los diputados modifiquen la ley de Red de Cuido, firmada en marzo del 2014.
La diputada Karla Prendas rechaza que la responsabilidad recaiga en los legisladores y asegura que el Ejecutivo debería idear los mecanismos.
“No se ha impulsado por parte del Ejecutivo el tema, Liberación Nacional nunca va a bloquear nada que tenga que ver con cualquier programa del IMAS (...) Hemos mostrado anuencia, pero creo que no tiene nada que ver la debilidad del IMAS con redes de cuido y la resistencia del Gobierno a aceptar y buscar una solución”, dijo.
Prendas es una de las congresistas que acuerpa a los dueños de guarderías en su reclamo por las medidas del IMAS ante la falta de recursos para recibir nuevos niños en la Red, como el congelamiento de cupos entre febrero y julio.
En junio, los subsidios se pagaron a 619 guarderías: 379 privadas (las cuales concentran el 74% de los fondos), 61 Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi, municipales) y 179 Hogares Comunitarios.
