En el 2023, el sector público gastó ¢985.000 en incentivos por cada ¢1 millón que se invirtió en remuneraciones básicas.
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El hackeo al Ministerio de Hacienda, la tardía trazabilidad del presupuesto de la cartera y el pago de resoluciones judiciales habrían sido las causas del no pago de pluses de vuelo y carrera policial de 176 empleados.
Luego de resolución de la contralora general, los magistrados suspendieron un acuerdo de marzo del 2019, donde acordaron eximirse de dos medidas de ahorro ordenadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.