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Una orden de la Sala IV dejó en suspenso un decreto de José María Figueres, de 1998, que permite al Estado firmar contratos de exploración de petróleo sin necesidad de que las empresas petroleras presenten estudios de impacto ambiental, de antemano. Una concesión otorgada a una compañía estadounidense depende esa norma.

La petrolera estadounidense Mallon Oil Company ve abrirse la posibilidad de que el Gobierno formalice la licitación que se le adjudicó en el año 2000 para explorar y explotar gas natural y petróleo en seis bloques de Costa Rica. Sin embargo, el asunto debe pasar de nuevo por una sala de juicio.