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Municipalidad cedió tierras de Base Policial Murciélago Ministro Berrocal expulsó de terrenos a ingenieros del extranjeroInforme omiso sirvió de base al acuerdo municipal en el año 2003 Rónald Moya rmoya@nacion.com La Cruz, Guanacaste La Municipalidad de La Cruz dio en concesión a un inversionista italiano cuatro hectáreas de tierra en donde opera la Escuela Policial Murciélago –que forma policías del país–, en Cuajiniquil. El inversionista, Alessandro Malaguti, relacionado con Corporación Mapache, con sede en Liberia, planea la construcción de lujosos condominios allí. Malaguti, de 25 años de edad, es a la vez el presidente de la Cámara de Turismo de La Cruz. La concesión se otorgó en setiembre del 2003 a la compañía Condominios Punta Castilla S. A., cuyo representante es Malaguti, pero el Ministerio de Seguridad Pública se enteró en octubre pasado cuando ingenieros de la Corporación Mapache ingresaron al sitio a medir el área.
Sin embargo, la solicitud de la concesión se publicó el 23 de enero del 2003 en el diario oficial La Gaceta , y el Ministerio de Seguridad, no presentó ninguna oposición. El entonces ministro, Rogelio Ramos, dijo que él no se enteró. Ahora, fue la entrada de los ingenieros la que alertó a los oficiales de la Base, quienes comunicaron el asunto al ministro de Seguridad, Fernando Berrocal. Expulsión. Tras realizar varias consultas, Berrocal ordenó la expulsión de los ingenieros y la colocación de una cerca con alambre de púa para evitar su regreso. El área dada a Malaguti está entre los mojones 13 y 24 de la zona marítimo-terrestre de Cuajiniquil, en el Pacífico norte. Precisamente, en este sector se encuentra una vieja casona que perteneció al exdictador nicaragüense Anastasio Somoza.
Desde 1978 la casa se usa para capacitación de cientos de policías. El ministro Berrocal catalogó como “una desfachatez” la concesión de las tierras al inversionista. “Estas tierras están ocupadas por la policía desde hace casi 30 años cuando fueron expropiadas por el gobierno de Rodrigo Carazo; cómo es que la Municipalidad le da una concesión a una empresa sin consultar al Ministerio; no vamos a entregar ni un milímetro de estas tierras”, reiteró Berrocal. Migdalia Lara, la exalcaldesa de La Cruz que firmó el contrato de concesión, dijo que la resolución municipal se tomó con base en el Plan Regulador de la Zona Marítimo-Terrestre, aprobado en el 2001.
Aclaró que ella desconocía que los terrenos estuviesen ocupados por la policía. Lara terminó su período de alcaldesa ayer. Informe omiso. Una inspección de los terrenos hecha por el Departamento de la Zona Marítimo-Terrestre de la Municipalidad de La Cruz sirvió de base para otorgar la concesión. El informe de inspección, de fecha 30 de diciembre del 2002, del cual La Nación tiene copia, omite señalar que la finca está ocupada por la Escuela Murciélago. Así, por ejemplo, establece que en los terrenos no hay construcciones, cuando lo cierto es que ahí se encuentra la casona del exdictador Somoza con varias aulas. Señala que no hay agua, pero en el sitio operan dos tanques que surten de este líquido a la policía. Igualmente, hay varios cultivos que el informe omite. El informe lo firma Luis Francisco Vega López, encargado de la zona marítimo-terrestre de La Cruz en aquella época. Ahora ocupa el cargo de inspector de rentas en la misma municipalidad.
La Nación trató de consultarlo el martes en su oficina pero no se encontraba. Se le dejaron varios mensajes telefónicos pero no devolvió las llamadas. Alessandro Malaguti, a quien La Nación consultó en una villa de Corporación Mapache, en playas del Coco, Guanacaste, defendió su derecho a construir los condominios. “La Municipalidad me otorgó ese derecho de acuerdo con el Plan Regulador; desde el 2003 he pagado millones en impuestos”. Defienden terrenos. La abogada Marianela Vargas, de la Corporación Mapache, coincidió con Malaguti en que las tierras pertenecen a Condominios de Punta Castilla. “Eso está claro”, señaló. Añadió que Mapache suscribió un fideicomiso con Condominios de Punta Castilla para el desarrollo turístico de las tierras que reclama el Ministerio de Seguridad . “Estamos preparando una acción judicial (interdicto) para que el Juzgado Civil de Liberia obligue al Ministerio de Seguridad a quitar las cercas”, señaló la profesional.
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