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Voz de alerta ¡Tres millones de dólares por una sentencia judicial!Laura Chinchilla Miranda Vicepresidenta y Ministra de Justicia Con gran estupor leí en la sección de deportes de La Nación que un personaje que ha pasado a ocupar las primeras planas de nuestras noticias deportivas y no precisamente por sus logros en este campo, le ponía precio a una sentencia judicial que espera conseguir contra una periodista que publicó información relativa a su persona. No recuerdo en la historia periodística y judicial de nuestro país un hecho similar. Tales declaraciones lanzadas a los cuatro vientos sin sonrojo alguno, a la vista y paciencia de todos, pone en evidencia situaciones extremadamente graves que se vienen incubando desde hace ya algunos años en nuestro país. Cada vez resulta más común ver cómo, de la noche a la mañana y venidos de “la nada”, surgen personajes a la vida pública nacional haciendo alarde de “súbitas” fortunas con las que financian desde las más fastuosas bodas hasta equipos deportivos sin afición asegurada, pasando por obras a favor de las comunidades y municipalidades en donde casualmente se asientan sus principales actividades económicas. Muy pocos se atreven a preguntarles la causa de su éxito tan vertiginoso. Algunos, temerosos de perder el favor del “mecenas”, atraídos por los lujos y por la posibilidad de “llevarse una tajada”, prefieren guardar silencio. No deseo con mis comentarios desacreditar a todo aquel que disfruta hoy de medianas y grandes fortunas merecidamente labradas como producto de su intelecto o de su esfuerzo. La generación de riqueza es un objetivo esencial del desarrollo. Solo una sociedad rica con eficaces mecanismos redistributivos es capaz de generar bienestar para la mayoría de sus ciudadanos. Libertad de expresión. Mi preocupación se centra en aquellas fortunas cuyos orígenes no se explican y en el ejemplo que se transmite de que el dinero es capaz de comprarlo todo, hasta las sentencias judiciales. Si algo resulta de vital importancia para nuestro país, en momentos en que la corrupción y la criminalidad organizada acechan para debilitar nuestras instituciones, es el mantener y fortalecer un régimen de libertad de expresión lo más vigoroso posible que garantice el oportuno acceso a la información por parte de los ciudadanos y que exija la rendición de cuentas y la transparencia a que estamos obligados quienes por distintas razones adquirimos el estatus de figura pública. Por eso mi desconcierto y profundo malestar con las declaraciones de este personaje que, a fuerza de gastar dinero logró su objetivo de convertirse en figura pública, pero que, cuando se trata de rendir cuentas, expresa un profundo desprecio por nuestro régimen de opinión pública que ha hecho de Costa Rica una democracia ejemplar. Pero, además, el personaje en cuestión se atreve a poner en duda nuestro Estado de derecho al pretender sugerir que las sentencias judiciales en nuestro país pueden tener un precio. Cuidado, que de ahí a pagar por otro tipo de “ajusticiamiento” hay tan solo un paso, como lo demuestran los casos de los periodistas Parmenio Medina e Ivania Mora, muertos a manos de sicarios. Por el bienestar de nuestro país, que confiamos no siga la senda de otras naciones de la región que tuvieron que pagar con la vida de muchos mártires la lucha por la integridad ética y moral de sus instituciones, espero que las desafortunadas declaraciones que dieron origen a este artículo constituyan una voz de alerta para algunos que parecen simplemente estar obnubilados por el brillo del vil metal o que simplemente no quieren oír ni mirar.
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