Proyecto de la agenda de implementación
Ley de Propiedad Intelectual rebasa exigencias del TLC
Tratado pide fijar penas “disuasorias” en delitos contra propiedad intelectual
Gobierno busca subir castigos y no aclara que debe haber fines de lucro
La intención del Poder Ejecutivo de subir las penas de prisión en los delitos contra la propiedad intelectual rebasa las exigencias que establece en esa materia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC).
El Gobierno envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca castigar con cárcel, por un período de 4 a 6 años, a quienes realicen alguna de 18 conductas consideradas delictivas.
Entre estas están la reproducción de obras literarias o artísticas sin la previa autorización del autor.
Tales medidas se incluyen en un texto sustitutivo del proyecto de reforma a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, uno de los 11 que integran la agenda de implementación del TLC.
Ese texto ingresó el 21 de noviembre a la Comisión Plena Segunda, que tiene potestad de aprobar leyes.
El Tratado, sin embargo, no consigna la cuantificación del castigo, sino que habla de que las partes o Estados firmantes del acuerdo comercial deben establecer penas “disuasorias”.
“Cada Parte garantizará sanciones que incluyan penas privativas de libertad o sanciones disuasorias, o ambas, suficientemente disuasorias de futuras infracciones”, señala el artículo 15.11.26. del TLC.
La ley actual (número 8039) establece penas de 1 a 3 años de cárcel para estos delitos.
Además, en el artículo 70 aclara que “no correrá sanción alguna cuando los actos hayan sido cometidos sin fines de lucro o no lleguen a lesionar ni afectar, por su carácter de insignificancia, los intereses de los autores...”.
Empero, el proyecto del Ejecutivo no especifica esa circunstancia, como denunció el diputado del Frente Amplio, José Merino.
Lo que el plan dice en el mismo artículo es que se consideran “piratería lesiva” actividades a escala comercial y aquellas sin motivación comercial, “siempre que causen un daño económico mayor a una infracción de poco valor”. Sin embargo, no define “poco valor”.
Se intentó consultar sobre estos excesos del proyecto del Ejecutivo a negociadores del TLC como Alberto Trejos y Fernando Ocampo. El primero no respondió los mensajes y el segundo prefirió no referirse al tema.
Por su parte, el ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, respondió por escrito y justificó la propuesta del proyecto en el cumplimiento tanto del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) como del TLC.
“Es decir, no basta con que la legislación del país contemple sanciones penales contra la propiedad intelectual, sino que, además, estas sanciones deben ser efectivas de manera que disuadan futuras infracciones”, dice su justificación.
Sin embargo, no aclara por qué consideraron que subir a 4 años la pena mínima y dejar al juez sin poder otorgar el beneficio de ejecución de la pena es “disuasivo”.
Según Allan Thompon, abogado especialista en Comercio, el castigo es una estrategia válida. “El enfoque que prevalece es que, si se quiere dar una protección, una de las formas es poner penas más severas”, comentó.
En el Congreso

‘Un TLC plus’
nombre rafael madrigal
cargo subjefe de fracción pac
“Todo el mundo coincide en que hay un afán de congraciarse con compañías extranjeras para decirles que hay un castigo de verdad, ni siquiera con la ejecución condicional de la pena. ¿Cuál es el criterio? Es un TLC plus”.

‘Racionabilidad’
nombre Mayi antillón
cargo jefa de fracción pln
“Estamos todos de acuerdo en un tema sancionatorio. Lo que yo le he pedido a la fracción, sobre todo a los juristas, es racionabilidad, proporcionalidad y, además, señales de que se va a respetar”.
FOTOS

Jorge Arce para LN
Gladys González y Luis Carlos Araya se informan mientras avanza el debate de las leyes del TLC.
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