Donaciones al Gobierno operan sin controles
Los proyectos de “cooperación no reembolsable” del BCIE para la Presidencia de la República se desarrollan al margen de cualquier control.
La Contraloría General de la República (CGR) descartó ayer haber fiscalizado $1 millón (¢520 millones) que se gastó entre noviembre del año 2006 y el pasado febrero, y los $321.000 (¢177 millones) que hasta el momento se han ejecutado de un segundo proyecto de donación.
Carlos Arguedas, gerente de Contratación Administrativa de la CGR, dijo que no está claro si este tipo de convenios deben pasar por la autorización o controles de la entidad que representa.
“No conozco si esto lo requiere. A lo sumo se trata del concepto de actividad pública y sobre eso hay mucha tela que cortar, que es más del ámbito de la fiscalización posterior”, señaló el funcionario.
Y agregó: “Quizá no sea algo exclusivo del BCIE, porque hay casos de mecanismos de cooperación de actividades estatales que se manejan sin que haya fondos públicos de por medio, como FUCE y Crusa (en administraciones anteriores). “Siempre se trata de relaciones que son complejas”.
Los fondos aportados por el BCIE, por provenir de un “organismo de derecho público internacional” son considerados “privados” por la Casa Presidencial, por lo cual no los somete a lo que establece el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría.
La Presidencia se ha negado hasta ahora a revelar cómo reparte el dinero y, más bien, aduce que es el propio BCIE el que ha contratado los servicios de consultorías.
El caso del BCIE recuerda el de la Fundación para la Cooperación Estatal (FUCE), que servía como canal de pago a funcionarios del gobierno de Abel Pacheco.
De forma semejante se conocieron giros de la fundación Crusa con Miguel Ángel Rodríguez. Crusa y FUCE, sin embargo, eran fundaciones privadas.
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Carlos Arguedas, gerente de área en la Contraloría. alvaro murillo
