Propuesta contra topadores y sicarios

Un ataque frontal a los negocios que reciben artículos robados es una de las propuestas del último capítulo del proyecto de Ley de Fortalecimiento Integral de la Seguridad Ciudadana.

Para lograrlo modifica el Código Municipal con la idea de permitir la suspensión y la cancelación de licencias de funcionamiento a locales de compra y venta donde se localicen objetos que se reporten robados.

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También establece multas para los propietarios que funcionen con licencias suspendidas por estos hechos.

“Hay una tremenda alcahuetería. Cada vez que entramos (a las compra y venta) encontramos cosas robadas. Si logramos regularlo, con los controles va a cambiar”, pronosticó Jorge Rojas, director del OIJ.

Según la vicepresidenta de la República y ministra de Justicia, Laura Chinchilla, al atacar la receptación de bienes robados se desincentiva a los delincuentes. “Sabemos de negocios abiertos 24 horas. Esta medida cierra portillos a la ilegalidad”, agregó la funcionaria.

Toca a motociclistas. Este capítulo también introduce cambios en la Ley de Tránsito que pretenden darle a las autoridades herramientas de prevención contra los sicarios.

Según la experiencia policial, las motocicletas son el “medio ideal” para los sicarios, pues la mayor parte de muertes por “ajusticiamientos” se cometen desde esos vehículos.

La propuesta es obligar a los motociclistas a llevar un chaleco que refleja la luz, en el que se identifique el número de placa de la motocicleta que conduce.

“Quien no lo porta, las autoridades proceden a detenerlo y a sancionarlo”, dijo Chinchilla.

Asimismo, el plan permitirá establecer regulaciones en cuanto al tipo de cascos, aunque el proyecto no define el accesorio permitido.

Según Rojas, aunque este tipo de medidas no resuelven, sí ayudan a prevenir.

Finalmente, el plan dispone una mejor administración y uso eficiente de los recursos decomisados a personas o bandas investigadas por narcotráfico.

Con ese fin, reforma la Ley de Estupefacientes y otorga mayores potestades para invertir al Instituto contra las Drogas.

El producto de las inversiones de dineros del narco, así como de bienes tales como vehículos, será distribuido entre los organismos policiales.

Según Chinchilla, esa es una fuente de financiamiento de la lucha contra ese flagelo.