Eduardo Ulibarri

Pandora en Costa Rica

 Los posibles nexos de las FARC en el país deben abordarse con rigor

Periodista

Como una “caja de Pandora” posmoderna y no mitológica, los discos duros de las computadoras capturadas tras el abatimiento deRaúl Reyes , segundo de las FARC, no cesan de revelar secretos. Algunos se han destapado en Costa Rica. Es un deber ineludible manejarlos adecuadamente.

Los hechos que se conocen hasta el momento, gracias a la información emanada de los discos y al allanamiento que siguió en el país, son claros y tangibles:

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En una casa de Santa Bárbara de Heredia, guardados en una caja fuerte, descansaban $480.000, envueltos en meticulosos paquetes y ocultos por algunas tesis de grado.

Los dólares habían estado en posesión de Rodrigo Granda, conocido como el “canciller” del grupo guerrillero. Este, autodefinido como “empresario”, concedió, el 16 diciembre de 1997, un poder generalísimo a la dueña de casa, quien aparece en el documento (sin serlo) como su esposa.

Sobre todo lo anterior no existe –ni puede existir– controversia: o hay evidencia documental o versiones coincidentes entre los involucrados y las autoridades.

Hechos y versiones. Tales son los elementos básicos. Podrá haber otros, pero, por ahora, nada más se sabe con certeza, al menos públicamente. El resto, también por ahora, son versiones o supuestos. Y al evaluarlos, desarrollarlos, comprobarlos, censurarlos o justificarlos, las autoridades, los implicados y los ciudadanos en general debemos hacer lo posible por no caer en ninguno de estos extremos:

kLa cacería de brujas, surgida de especulaciones conspirativas sin base fáctica, porque puede conducir a los etiquetados injustos, los rumores imprecisos, la discusión enrarecida o las reacciones viciadas.

kLa exculpación prematura, basada en “buenas intenciones”, desconocimiento deliberado o ingenuidades sin demostrar, porque llevaría a eludir las responsabilidades (jurídicas, políticas o de cualquier otra índole) por actos realizados en ejercicio libre de la voluntad.

El ministro de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, se acercó al primer riesgo cuando, el sábado pasado, habló sobre la posibilidad de que políticos costarricenses, supuestamente despojados del “sentido de la realidad”, tengan vínculos con las FARC.

A menos que haga públicos con rapidez los fundamentos de tan grave versión, así como los nombres de esos políticos, sus palabras podrían interpretarse como un intento de manipular los hechos, con doble perjuicio: para la salud de nuestro debate público y para las propias investigaciones. Porque, en asuntos de esta índole, cualquier precipitación puede ser fatal para el caso, además de injusta para sus actores. Don Fernando debe saberlo.

Responsabilidades. En el otro extremo –el de las exculpaciones prematuras– caen quienes desdeñan la gravedad de aceptar un poder legal con datos falsos, y de recibir, para guardar, cientos de miles de dólares de quien representaba a un grupo que se financia mediante los secuestros extorsivos, el tráfico de drogas y el robo.

De saber lo que se estaba guardando, la complicidad surge casi como único móvil. De no saberlo, se abren otras dos posibilidades: o una deliberada ignorancia, producto de no preguntar para evitar saber algo comprometedor, o una ingenuidad que no es posible esperar de personas con alta formación académica, larga trayectoria en actividades públicas y alegada capacidad analítica.

Al actuar, los seres humanos podemos cometer múltiples errores, o tomar decisiones que perjudiquen a terceros.

Uno de esos caminos es exacerbar ánimos públicos sin aportar prueba y, de este modo, estimular un clima propenso a la sospecha generalizada. Otro, vincularse operativamente con sectores que practican la violencia terrorista y terminar asociados a ella.

Cada quien debe juzgar qué resulta peor. Pero en ninguno de los casos es aceptable eludir las responsabilidades que correspondan. Porque el deseo de “alertar” al país deviene en provocación si no responde a la realidad, y la “buena intención” se convierte en inaceptable defensa argumental si no toma en cuenta las consecuencias de lo que ampara ni los nexos de los amparados.

El caso del dinero de Granda y las FARC –sus orígenes, responsables y vinculaciones locales– apenas empieza como proceso. Para bien del país, hay que asumirlo con responsabilidad, rectitud y mesura. También, sin escapismos ni ingenuidades. Porque su seriedad es indudable; sus posibles consecuencias, aún más.