Derecho y buen juicio

 Hemos llegado a una situación límite: el poder general de veto para que el país no avance

 El Estado de derecho es una garantía y un aliado, no un recurso amañado para entorpecer

Las prórrogas, para cumplir con lo pactado internacionalmente, los aplazamientos de un proyecto, por razones administrativas o jurisdiccionales, y la suspensión del acto, ordenado por la Sala Constitucional, deben enmarcarse en el Estado de derecho. Así debe ser. La gente, sin embargo, no puede entender por qué, al conjuro del derecho, el país sufre menoscabo en el orden económico o social.

Algunos casos concretos. La solicitud de prórrogas del TLC, en dos oportunidades, y su correspondiente concesión no ha deslegitimado el proceso. Con todo, ha causado perjuicios a las empresas, como está ocurriendo; afecta la credibilidad del país, la atracción de inversiones y la creación de nuevos empleos, y desacredita a la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos que han entorpecido la vía legislativa, o al Gobierno, que no previó ciertas situaciones o riesgos. Todo a derecho, pero irrazonable y con serias consecuencias.

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Informamos, el jueves pasado, de que la construcción de un nuevo muelle granelero en Caldera se ha paralizado por 19 meses y el valor de la obra se ha duplicado, al pasar de $23 millones a $52 millones por cuanto la Sala Constitucional suspendió la construcción y tardó dos años en resolver una acción de constitucionalidad y un recurso de amparo interpuestos por un grupo sindical. Según estos, el nuevo muelle amenazaba “el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”(sic). En ese tiempo se disparó el precio del petróleo, del acero y del cemento. La construcción de este muelle debió comenzar en febrero del 2007. Increíble, pero cierto. Todo a derecho, pero irrazonable por sus efectos fatales.

Interrogado el magistrado Fernando Cruz sobre el particular, respondió que esta Sala “tiene una sobrecarga de trabajo” y que “este tipo de resoluciones”, como la del muelle granelero, se atrasan porque ingresan otros asuntos “urgentísimos”. Mas ¿no era, acaso, previsible que un atraso, por la suspensión del acto, en la construcción de un muelle en marcha, era un asunto “urgentísimo”? Los hechos lo prueban fehacientemente: el equilibrio financiero del proyecto se resquebrajó y ahora vale casi el doble. Cualesquiera sean las razones aducidas, esto no debe ocurrir. La aplicación del derecho no debe causar tan manifiestos –y previsibles– prejuicios. Podrían citarse otros ejemplos.

Informamos ayer de que siete grupos apelaron ante el MOPT el reglamento sobre permisos para el servicio de buses en las llamadas Líneas Intersectoriales. Así, un servicio social prioritario que debió arrancar hace 27 años y que, luego, se programó técnicamente para ponerse en marcha en junio pasado, fue suspendido, un día antes, por el Tribunal Administrativo del MOPT y, cuando se creía que en estos días los usuarios disfrutarían de él, ahora tendrá que retrasarse hasta enero del 2009.

Siendo tantos los intereses en pugna en el transporte público, tampoco hay seguridad alguna de que se inaugurará en esta fecha. Siempre habrá motivos para apelaciones administrativas o para amparos jurisdiccionales. Todo a derecho, pero con graves perjuicios económicos y sociales. Unos 50 autobuses esperan la orden de partida desde junio pasado, y la gente de escasos recursos debe tomar varios autobuses, con el pago correspondiente, para llegar a un pueblo cercano. Esto, al parecer, no importa, pero sí el uso de las armas legales para causar daño.

Y no puede faltar el caso del Estadio Nacional. Cuando el inicio de la construcción estaba a punto, un grupo de personas presentó un amparo ante la Sala Constitucional. Y, como se ha suspendido el acto, ahora habrá que esperar para reanudar el trabajo, si la Sala Constitucional lo declara sin lugar, o bien, en caso contrario, habrá que buscar otro sitio para comenzar de nuevo. Todo a derecho, por supuesto, pero, cualquiera que sea la resolución, los perjuicios no se harán esperar. Nuestra historia administrativa y política está repleta de episodios parecidos.

Por una telaraña de normas legales y por otra telaraña de problemas mentales, por intereses políticos o tecnicismos legales, por celos o por temor al cambio, por miopía, por mezquindad, por ideología, por venganza o por lo que sea, no avanzamos y los problemas se acumulan, para contento de algunos y para perjuicio de todos. Hemos llegado a una situación límite que, en verdad, debemos afrontar y resolver con entereza y responsabilidad a fin de que el derecho nos ampare y nos permita progresar. El argumento de la sobrecarga de trabajo no puede conspirar contra la justicia y el derecho.