Las dos caras del yuan

 La verdad es que fue necesaria la orden de la Sala Constitucional para que el país conociera los detalles de los bonos chinos

 Desde el 1 de junio del 2007 el Gobierno no albergaba duda alguna sobre el préstamo, su monto y las fechas de desembolso

El 10 de junio del 2007, el periódico Taipei Times recogió declaraciones del presidente taiwanés, Chen Shui-bien, quien afirmó que el acuerdo firmado para romper relaciones con su país y establecerlas con China incluía promesas de cooperación por $130 millones y la compra de $300 millones en bonos.

En que aquel momento, solo se sabía que China y Costa Rica habían establecido relaciones con tanto secreto que el presidente Óscar Arias ofreció disculpas a una periodista por haberla malinformado la víspera. La disculpa fue bien recibida y este diario editorializó a favor del dramático viraje de nuestra política exterior. Pero Chen Shui-bien dijo exactamente la verdad, como se constató el 9 de setiembre del 2008, cuatro días después de que la Sala IV diera la razón a La Nación y ordenara al Gobierno entregar informes sobre la negociación.

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El 11 de junio, en declaraciones brindadas a este diario, el ministro de Hacienda “admitió” que un crédito directo o la compra de bonos estaban en la mesa de las negociaciones con China, ahora que los dos países habían establecido relaciones diplomáticas. “Lo conversamos y lo exploramos”, agregó el Ministro antes de advertir: “Es cierto que China es un gran comprador de bonos estadounidenses, pero no se puede depender de la ayuda internacional. Eso sería un manejo artificial”. En respuesta a las afirmaciones de Chen Shui-bien, afirmó: “No sé de dónde mencionan ellos esas cifras, pero no quiero debatir con ellos”.

La verdad es que el memorando de entendimiento, firmado diez días antes en presencia del ministro de Hacienda, describe con detalle el compromiso chino de girarnos $130 millones en ayuda no reembolsable. Además, China se compromete a comprar, en dos porciones iguales, fijadas para enero del 2008 y enero del 2009, $300 millones en bonos de deuda interna con intereses del 2% anual, pagaderos semestralmente. El capital principal será cancelado a doce años plazo, en una sola entrega, y los bonos cuentan con garantía soberana del Gobierno de Costa Rica.

El 27 de octubre del 2007, La Nación informó que un crédito por más de $250 millones quedó en la “olla de cocimiento lento” al finalizar la gira del presidente Arias por China. “El préstamo se cuajará para el 2008 o el 2009, probablemente mediante la compra de bonos del Estado, confirmó Arias ayer, al llegar (a Shanghái) procedente de la capital, Pekín…”, dice la nota periodística, para luego añadir: “Es la primera vez que una fuente autorizada da cifras sobre la posibilidad de este plan de ayuda económica reembolsable, que podría llegar incluso a los $300 millones, dijo Arias a La Nación ”. La verdad es que desde el 1 de junio del 2007 el Gobierno no albergaba duda alguna sobre el préstamo, su monto y las fechas de desembolso. Desde aquella fecha, estos detalles y muchos más eran ya compromisos formales entre los dos países.

El viernes pasado, el ministro de la Presidencia, en un artículo titulado “La verdadera mentira”, aseguró: “…sin necesidad de que la Sala Constitucional lo ordenara, el señor presidente de la República hizo públicos los detalles principales de esta negociación, informando que la tasa se encontraba entre el 0 y 4% de interés”. La verdad es que el Presidente, como se desprende de la afirmación del Ministro, no dio ningún “detalle”, salvo que se considere detallada la información de que la tasa oscila entre el 0 y el 4% .

La verdad es que la tasa es del 2% , y ese dato solo se conoció después de la orden de la Sala Constitucional. La verdad es que el 29 de agosto, diez días antes del fallo de la Sala Constitucional, el Presidente se limitó a confirmar que se trata de $300 millones, a 12 años plazo, con una tasa de interés “…por debajo del 4%. Puede ser del 0%, 1%, 2% o 3%; más baja no puede ser”. Agregó que los primeros $150 millones ingresaron, íntegros, a las arcas del Estado el 22 de enero y que ningún funcionario público obtuvo comisión. En el mismo acto, el mandatario admitió que no revelaría todo porque el embajador de China “no me autoriza”.

La verdad es que fue necesaria la orden de la Sala Constitucional para que el país conociera los detalles que el Presidente se negó a revelar argumentando falta de autorización por parte de China. Gracias a la Sala conocemos el memorando de entendimiento, las cartas de formalización del negocio e incontables detalles inéditos, incorporados a esos y otros documentos. El propio 29 de agosto, seis meses y medio después de los primeros intentos de este diario por conseguir la información, el Presidente anunció su decisión de pedir al ministro de Hacienda la entrega de información a la Contraloría “para el que quiera saber todos los detalles”, porque en esa entidad “todo es público”.

La verdad es que el Gobierno entregó la información acompañada de una solicitud para mantenerla confidencial, según confirmaron el Tesorero Nacional y la Oficina de Prensa de la Contraloría. Al momento de la entrega, el 4 de setiembre, el ente contralor ya había iniciado, desde hacía al menos una semana, la investigación del caso. Es cierto que el ministro de Hacienda desconcertó a los diputados el 2 de setiembre cuando reveló la identidad del banco encargado de custodiar los bonos adquiridos por China. El Ministro soltó el dato e, inmediatamente, insistió en que no diría nada más mientras no se lo ordenara la Sala IV.

El banco, dijo, es el BCT, cuyos vínculos con el embajador costarricense en China son bien conocidos. De inmediato, los ojos se volcaron sobre él y surgieron voces para exigirle la renuncia. En los días siguientes, el Ministro acrecentó la confusión declarando que la escogencia del custodio era responsabilidad exclusiva de China y que el Gobierno se limitó a enviar una lista de bancos posibles. Cuando supo que el banco era el BCT, dijo el Ministro, solo atinó a exclamar: “¡Ave María!”. “Si yo me hubiera enterado de esto a tiempo, me hubiera encargado de que no ocurriera…”, agregó. La verdad es que nadie dijo que el BCT era el único subcustodio posible en nuestro país, dada la forma en que China conduce sus negocios, y mucho menos que el embajador Antonio Burgués había advertido a ambos Gobiernos, desde setiembre del 2007, la ilegalidad de ejecutar convenios en secreto.

La verdad es que fue necesaria la diligente investigación de este diario, y también el fallo de la Sala IV, para despejar las dudas pendientes sobre el buen nombre del embajador Antonio Burgués. En el artículo ya citado, el ministro de la Presidencia escribe: “Pero así es la vida: un complejo mosaico de grandeza por parte de algunos y de mezquindad por parte de otros. Cada uno pone, en ese mosaico, lo que tiene, lo que puede y lo que le nace. La grandeza quedará para siempre; de la mezquindad solo quedarán las manchas anónimas en el inmenso mosaico de la historia”. Esa es la pura verdad.