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Washington. AFP. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, regresó ayer a Washington tras su gira por América Latina para encontrarse con acusaciones de haber promovido, el año pasado, la destitución de ocho fiscales que trabajaban en casos políticamente sensibles para la Casa Blanca.
Los adversarios demócratas del presidente lo conminaron a dar una explicación sobre la independencia de la justicia en Estados Unidos, y demandaron la renuncia del ministro de Justicia, Alberto Gonzales.
La polémica crece desde hace semanas alrededor de la destitución de los fiscales federales, algunos encargados de investigaciones muy delicadas para el Gobierno, una medida legal pero contraria a la tradición y considerada demasiado política.
Presiones. El escándalo se reavivó cuando algunos de los fiscales destituidos demostraron en la última semana haber sufrido presiones de legisladores republicanos, y cuando documentos revelaron que altos responsables de la Casa Blanca estuvieron implicados en la decisión.
“Nunca señalé un caso en particular, y nunca le di (a Gonzales) instrucciones”, declaró Bush. “Tengo confianza en el secretario de Justicia Al Gonzales”, añadió, aunque reconoció que “se cometieron errores” principalmente en la comunicación al Congreso sobre el tema.
“Francamente eso no me agrada”, dijo el mandatario un día después que Gonzales sugirió que el Departamento de Justicia (que tiene a cargo) había dado a los legisladores información incompleta sobre los cuestionados despidos.
Colaborador fiel y discreto de Bush desde más de 10 años, Alberto Gonzales, antiguo responsable de los servicios jurídicos de la Casa Blanca nombrado al mando de la cartera de Justicia en el 2004, ya fue objeto de críticas, especialmente en relación a los excesos de las políticas antiterroristas.
Pero esta última polémica provocó una catarata de protestas en su contra, y la mayoría demócrata en el Congreso reclama su salida.
Hillary Clinton, la candidata a la investidura demócrata para la elección presidencial del 2008, se sumó a los reclamos de su competidor John Edwards, de su colega Harry Reid, jefe de la mayoría del Senado, de Edward Kennedy, y la dirección del partido demócrata.
“Ya es hora que el ministro de Justicia, que aseguró sin razón que las destituciones habían sido fundadas en el desempeño, se vaya. Todo indica que olvidó la diferencia entre su trabajo actual, como primer responsable de la aplicación de las leyes en Estados Unidos, con su antiguo trabajo de abogado personal del presidente Bush”, declaró Clinton en un comunicado.
En Estados Unidos, la destitución de fiscales federales no es ilegal, pero es poco común. El expresidente Bill Clinton destituyó a los 93 al asumir la presidencia en 1993.
El martes, un día después del anuncio de la dimisión de su jefe de gabinete, Kyle Sampson, por el caso, Gonzales aseguró en la televisión que es responsable de los errores cometidos, y que se mantendría en el cargo si Bush así lo desea.
“Finalmente, yo presto servicios si así lo quiere el presidente de Estados Unidos”, dijo Gonzales a la cadena NBC. “Esa será una decisión que deberá tomar el presidente”, precisó.
