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Estados Unidos está enfrentando una demanda por haber enviado a un ciudadano canadiense, Maher Arar, a una prisión en Siria, en donde sufrió torturas.
Un juez de Brooklyn escuchó los alegatos del joven y los del gobierno norteamericano el martes pasado, para decidir si eleva el caso a juicio.
El 26 de setiembre del 2002, Arar, un ingeniero en telecomunicaciones canadiense nacido en Siria, venía de visitar familiares en Túnez e iba hacia Canadá.
Tenía que cambiar de aviones en el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York, y oficiales de migración lo detuvieron pues aparecía como sospechoso de tener vínculos con al-Qaeda.
Tras nueve horas de interrogatorio, lo enviaron a una cárcel de esa ciudad y en 13 días solo tuvo derecho a una llamada de dos minutos a Canadá y a una reunión con una abogada.
Pese a sus explicaciones de que volver a Siria era un grave peligro, ya que su familia había salido huyendo de ahí hacía 16 años, fue puesto en un avión privado, sin conocimiento de Canadá.
Según sus abogados, la orden final de deportación (con la que podría haber apelado) salió hasta que lo habían subido al avión.
Arar primero fue enviado a Jordania, en donde fue interrogado y golpeado. Unos días después se le trasladó, con los ojos vendados y escondido en un vehículo, a una prisión militar en Siria.
Ahí él dice que lo torturaron (golpes con cables eléctricos en los pies y manos, y lo introdujeron en una llanta por varias horas). Además, durante 10 meses vivió en una celda subterránea de tamaño parecido al de una tumba, equipada únicamente con dos sábanas.
Durante seis meses no tuvo acceso a luz natural.
Tras presiones del Gobierno canadiense, sus diplomáticos lograron encontrar y visitar a Arar. No fue sino hasta la primera visita, en diciembre de ese año, que el canadiense pudo cambiarse la ropa que llevaba desde setiembre.
Las visitas fueron en presencia de los interrogadores sirios y en octubre del 2003, a la víspera de un juicio por el que no se le habían presentado cargos, fue liberado.
El caso produjo tensión entre Canadá y Estados Unidos pues el primer gobierno pidió explicaciones y el Primer Ministro creó una comisión investigadora.
Arar demandó a Estados Unidos por violar el debido proceso de deportación e irrespetar tratados internacionales de protección ante riesgo de tortura.
Pero los abogados del gobierno estadounidense alegan que ir a juicio obligaría a revelar información "secreta" sobre por qué a Arar se le consideró sospechoso en el 2002.
