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Pekín. El presidente chino, Hu Jintao, cederá la jefatura del Estado al vicepresidente y secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping, en la sesión anual del Parlamento, que tendrá lugar el mes que viene.
La transferencia de poder ya está en marcha, y, con ella, las promesas de mejora del nivel de vida de la población. El Gobierno ha desvelado un ambicioso plan para reducir las desigualdades sociales, que incrementará el salario mínimo y gravará más a las empresas estatales, con objeto de financiar la seguridad social.
El programa asegura que el salario mínimo deberá situarse en el 40% del salario medio urbano en la mayor parte de China para el 2015.
La puesta en marcha del plan se produce después de que los líderes chinos dejaron clara su preocupación por el creciente descontento ciudadano con los excesos del partido, la corrupción oficial y las grandes disparidades sociales en sus discursos durante el 18.º Congreso del PCCh, en noviembre.
El presidente Hu Jintao prometió en el cónclave reformas económicas y mayor riqueza para la gente, y dijo que para el 2020 China duplicará los ingresos per cápita de la población tanto urbana como rural con respecto al 2010.
Fuertes contrastes. El país asiático es uno de los más desiguales del mundo. El coeficiente Gini –que mide las disparidades en una escala de 0 a 1– fue del 0,474 en 2012; por encima del 0,4, la cifra que los analistas consideran como el punto a partir del cual existe un peligro potencial de disturbios sociales.
“La brecha entre las zonas urbanas y las rurales y la diferencia de ingresos entre ciudadanos es relativamente grande, estos están distribuidos irregularmente, hay problemas obvios de ingresos no claros e ilegales, y algunos grupos viven en condiciones difíciles”, señaló el documento publicado el martes por el Consejo de Estado.
Reequilibrar la sociedad china ha sido uno de los objetivos declarados por el partido desde que Hu Jintao llegó al poder hace 10 años, aunque ha tenido poco éxito.
Pekín ha tomado ahora medidas más contundentes, que pasan por una reforma de los impuestos. Empresas estatales, especuladores inmobiliarios y ricos deberán pagar más para intentar disminuir el abismo entre las élites urbanas y los cientos de millones de pobres que viven en las regiones rurales.
El plan aprobado por el Gobierno incluye también la reforma de los tipos de interés bancario para orientarlos al mercado y permitir que los ahorradores obtengan mayores réditos de sus depósitos y más seguridad.
Una de las principales medidas adoptadas exige a las empresas estatales un incremento del 5% para el 2015 en el porcentaje de los beneficios que deben aportar al Gobierno. Se trata de un paso crucial para financiar el desarrollo de los sistemas de pensiones y seguridad social, sin los cuales las familias se resisten a consumir para disponer de ahorros con los que hacer frente a la vejez o problemas de salud.
Además, los aumentos de sueldo de los altos ejecutivos en las compañías estatales deberán ser inferiores a los de los empleados.
Los partidarios de las reformas aseguran que reducir la brecha de riqueza requiere no solo gastos sociales, sino cambios fundamentales en la estructura económica, para frenar el dominio de las empresas públicas, que controlan un amplio abanico de sectores, como la banca, el petróleo y las telecomunicaciones, y tienen numerosos apoyos del Estado de los cuales carece el sector privado.
Con el incremento del salario mínimo y la mejora del retorno en los depósitos bancarios, el Gobierno da pasos clave en la necesaria transformación del modelo económico para ligarlo más al consumo interno y menos a la inversión y las exportaciones.
El proyecto promete más gasto en los campos de sanidad y educación, y crear más oportunidades para que los trabajadores emigrantes de las zonas rurales transfieran su residencia legal a las ciudades, donde los sueldos y los servicios sociales son mejores.
