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México.
El Congreso de México aprobó este jueves una reforma constitucional para expedir nuevas leyes sobre los delitos de desaparición forzada, tortura y tratos crueles e inhumanos, tras las fuertes críticas de organizaciones nacionales e internacionales por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa (sur).
Con 383 votos a favor y la unanimidad de los diputados fue aprobada la reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes sobre desaparición forzada de personas, dijo la cámara en un comunicado de prensa.
La reforma da facultades al Congreso para "expedir leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones" para delitos como secuestro, desaparición forzada, trata de personas, tortura y tratos crueles e inhumanos, señala el comunicado.
"La reforma aprobada constituye un primer paso para atender el sentido de las recomendaciones que hicimos al Estado mexicano" sobre nuevas leyes para la desaparición forzada y tortura, dijo de su lado en comunicado un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas que saludaron la reforma.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designado para investigar sobre el caso Ayotzinapa había solicitado esta reforma al Senado, que el miércoles la aprobó y la derivó a la Cámara de Diputados.
La comisión de la CIDH había pedido tipificar la desaparición forzada, tanto a nivel federal como estatal, como delito autónomo y que prevea penas que tomen en cuenta que se trata de "extrema gravedad".
Las críticas por la falta de una legislación para castigar la desaparición forzada se agudizaron con la desaparición el 26 de septiembre en Iguala (sur) de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa a manos de policía municipales que, según la fiscalía federal, los entregaron a un cartel del narcotráfico que los habría asesinado e incinerado.
México vive una crisis de derechos humanos por la ola de violencia que se desencadenó en 2006 con la ofensiva militar lanzada por el gobierno contra los cárteles del narcotráfico con un saldo de 80.000 muertos y unos 22.000 desaparecidos.
