El máximo tribunal israelí dictaminó por 10-1 que el plan de retirada, impulsado por el primer ministro Ariel Sharon, no viola los derechos humanos de los colonos, aunque sí exigió que el gobierno cambie el régimen de indemnizaciones a favor de los colonos afectados.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia estableció que los territorios palestinos ocupados no pertenecen al Estado de Israel y que los procedimientos legales israelíes no tienen validez en ellos.
Según el calendario fijado por el gobierno, el desmantelamiento de los 21 asentamientos en Gaza y de otros cuatro en el norte de Cisjordania comenzará el próximo 17 de agosto.
En tanto, las autoridades palestinas reforzaron su crítica contra Israel por lo que consideran una falta de cooperación en la retirada de la franja de Gaza.
El ministro de Asuntos Civiles, Mohamad Dahlane, reclamó la reapertura del aeropuerto de Gaza y del "paso seguro" que la une con Cisjordania, así como el control palestino sobre estos puntos tras la retirada israelí.
"Sin una respuesta positiva de Israel sobre estos puntos, la retirada de Gaza no será un éxito. Será más bien un fracaso".