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Colombia vive un debate a causa de los indultos otorgados a exguerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) que hoy están activos en la política nacional.
El debate lo abrió el 30 de setiembre pasado el presidente Álvaro Uribe, al declarar en Miami que en el proceso de paz con los paramilitares que combaten a la guerrilla no incurrirá en los mismos errores cometidos durante el proceso de paz con el M-19.
Unos 1.000 combatientes del M-19 se desmovilizaron el 9 de marzo de 1990.
“El M-19 quemó el Palacio de Justicia, en asociación con el narcotráfico, y están indultados”, afirmó.
En ese ataque, registrado en noviembre de 1985, murieron más de 100 personas, incluyendo 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Sus afirmaciones recibieron una rápida réplica de los dirigentes del M-19, quienes hoy están en el Congreso y han ocupado ministerios y alcaldías.
Antonio Navarro, senador y líder de los desmovilizados del M-19, negó que la guerrilla hubiera atacado la Corte con financiamiento del narcotráfico.
Contradicción
Sin embargo, el exministro de Justicia, Carlos Medellín, afirmó que M-19 recibió $5 millones del narco.
“Estamos dispuestos a renunciar al indulto e ir a prisión”, aseguró Navarro.
A la vez, solicitó la creación de una Comisión de la Verdad que decida si el ataque fue una rebelión política o una acción para destruir los expedientes contra los jefes del narcotráfico, encabezados por Pablo Escobar, finado líder del cartel de Medellín.
Uribe anunció que no revocará los indultos a los exguerrilleros del M-19, mientras impulsa el proceso de desmovilización de 3.000 integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
