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Brasilia
El fiscal general de Brasil recomendó, este jueves, anular la designación del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como ministro de Dilma Rousseff, por considerar que se trató de un excusa para escapar de la justicia ordinaria en el caso de Petrobras.
El procurador Rodrigo Janot dijo en un informe enviado a los magistrados del Supremo Tribunal federal (STF) que "hay elementos suficientes para afirmar que hubo desvío en la finalidad del decreto presidencial" que nombró al exmandatario (2003-2010).
Lula, fundador del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), es investigado por presunta ocultación de bienes procedentes de la trama de corrupción en la petrolera estatal, un caso que lleva el juez de primera instancia Sergio Moro.
Lula fue investido ministro jefe de gabinete el 17 de marzo, pero el juez del STF Gilmar Mendes suspendió la designación, por sospechar que su objetivo era ponerlo al abrigo de la justicia ordinaria.
El exmandatario manifestó en un acto político el fin de semana que esperaba que el STF autorizara su ingreso al gobierno este jueves.
Sin embargo, hasta ahora no se realizó la sesión plenaria que decidirá si Lula finalmente podrá asumir el cargo.
"La posición de Janot puede ayudar a convencer a los ministros del STF indecisos, pero aún es temprano para proyectar cual será la decisión. Hay buenos argumentos para aceptar su designación como ministro. El STF será cuidadoso para no generar un precedente de interferencia de jueces en nombramientos políticos", explicó Michael Mohallen, doctor en derecho público y derechos humanos y profesor de la universidad privada FGV en Rio de Janeiro.
Mientras decide, todo lo referente al caso Petrobras que involucre a Lula fue sacado de las manos de Moro y asumido por el STF con orden de secreto judicial.
Lula declaró este jueves ante la fiscalía general en Brasilia, en el ámbito de la operación Lava Jato (lavado a presión), como se denomina a la investigación que investiga la corrupción en la petrolera estatal.
El exmandatario ya había sido llevado a declarar por la fuerza en marzo, por orden del juez Moro.
