Así lo denunciaron ayer sindicalistas, trabajadores y diplomáticos. El alcalde de Buenos Aires, Jorge Telerman, admitió que en la fábrica textil, incendiada la noche del jueves en el barrio porteño Caballito, había "prácticas siniestras de reducción a la esclavitud".
El lugar "estaba habilitado como taller de bordado, pero era una fachada para poner a gente enjaulada a trabajar. No tienen ningún tipo de escrúpulos", dijo Telerman.
El titular de la Unión de Trabajadores Costureros, Gustavo Vera, afirmó que solo en el suroeste de la capital argentina hay más de 100 talleres presuntamente ilegales, que "pagan coimas sistemáticamente" para poder operar.
Según dijo, hay cerca de 60 denuncias judiciales y denunció que "la comisaría del barrio está levantando una caja de $15.000 a $20.000 mensuales en sobornos que cobra en los talleres".
"Tenemos detectado en la zona suroeste de la capital alrededor de 110 talleres, es un universo de 1.000 personas, pero las cifras se multiplican por tres o cuatro debido a los niños que allí se encuentran, hijos de los trabajadores", añadió.
La Defensoría del Pueblo estima el número de trabajadores de los talleres textiles, con fachadas de viviendas de familia de la capital argentina y su popular periferia, en unas 150.000 personas.
Néstor Rivero, dirigente del mismo sindicato, dijo que una red hace propaganda en Bolivia sobre trabajo en muy buenas condiciones en Argentina y, al cruzar la frontera, cambia las condiciones.
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