París. AFP. La justicia francesa decidió el jueves abrir una investigación por “complicidad de malversación” a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, por su papel en la solución de un litigio entre el Estado y el empresario francés Bernard Tapie.
Los hechos que se reprochan a Lagarde se remontan al 2008, y corresponden al período en que fue ministra de Finanzas de Francia, entre 2007 y finales del pasado mes de junio, cuando fue propulsada a la cabeza del FMI, con sede en Washington.
La investigación será abierta formalmente en los próximos días por la comisión de instrucción de la Corte de Justicia de la República (CJR), única instancia habilitada en Francia para juzgar a ministros y ex ministros por supuestas irregularidades cometidas durante el ejercicio de sus funciones.
Los cargos que investigará la comisión, “complicidad de falsificación” y “complicidad de malversación”, son pasibles de diez años de cárcel y una multa de 150.000 euros.
La investigación, no obstante, se anuncia larga, por lo que Lagarde tardaría años en ser eventualmente juzgada.
El consejo ejecutivo del FMI manifestó en un comunicado su confianza en que Lagarde “podrá seguir cumpliendo sus funciones como directora gerente”.
La apertura de esta investigación no es de ninguna manera incompatible con sus “funciones actuales de directora gerente” del FMI, comentó el abogado de Lagarde, Yves Repiquet, convencido de que la investigación acabará en un "no ha lugar" para su clienta.
El letrado denunció también las “sospechas abusivas de un puñado de diputados de la oposición contra la señora Christine Lagarde, con fines políticos”. Varios parlamentarios de la oposición socialista habían recurrido a la CJR.
Inicialmente, la CJR debía haber hecho pública su decisión el 8 de julio pero la aplazó un mes alegando razones de procedimiento.
El 10 de mayo, la fiscalía recurrió a la CJR, debido a que Lagarde, cuando era ministra de Finanzas, pudo haber cometido un abuso de autoridad en la solución de un complicado conflicto entre el empresario Bernard Tapie y una estructura pública que gestionaba activos tóxicos del Banco Crédit Lyonnais, salvado de la bancarrota en los años 1990 por el Estado francés.
El fiscal general Jean-Louis Nadal reprochó a Lagarde haber recurrido a un arbitrio judicial privado cuando había dinero público en juego, desoyendo el consejo de varios especialistas.
Para poner fin a un rosario de procesos y resolver de una vez por todas este viejo litigio sobre la venta por el Crédit Lyonnais del grupo Adidas, anteriormente propiedad del empresario Bernard Tapie, Lagarde decidió recurrir a un tribunal de arbitraje.
El tribunal arbitral, de jurisdicción privada, condenó en julio de 2008 a la estructura pública a pagar a Tapie cerca de 400 millones de euros: 240 millones de indemnizaciones, unos 100 millones de intereses y 45 millones por perjuicios morales.