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Brasilia. Reuters y AFP. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, repudió ayer un intento de miembros de su partido de comprar documentos para acusar de ilícitos a opositores y aseguró ser enemigo de esas prácticas, cuya revelación puso en crisis su campaña por la reelección.
Al acercarse los comicios del 1.° de octubre, para los que Lula es favorito, la información provocó un escándalo que golpeó al oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y a cercanos auxiliares del mandatario, y dio fuerza a una oposición que parecía derrotada.
“Las personas son insanas cuando tienen ese comportamiento político”, dijo Lula entrevistado por la red Globo.
El gobernante brasileño separó al coordinador de la campaña, que también es presidente de su partido, Ricardo Berzoini, y lo reemplazó por un allegado suyo, Marco Aurelio Garcia, asesor especial de la Presidencia y vicepresidente del partido.
Lula calificó el intento de adquirir esos documentos, por los que la policía detuvo a dos miembros del PT con millones de reales en efectivo, como algo “abominable”, y dijo que siendo favorito para ganar la elección, el hecho no le ha ayudado en nada a su campaña.
Los supuestos documentos incriminatorios pretendían vincular con un caso de licitaciones públicas fraguadas al candidato favorito a la gobernación de Sao Paulo, José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y enlodar la campaña de Geraldo Alckmin, también del PSDB y principal rival electoral de Lula.
Siete miembros del PT fueron involucrados en el caso.
Para ser reelecto en primera vuelta, Lula necesita obtener la mitad más uno de los votos válidos, descontando nulos y blancos.
Según sondeos previos, que no llegaron a medir plenamente el impacto del escándalo en la opinión pública, el presidente de Brasil tendría el apoyo suficiente para evitar una segunda vuelta, que de realizarse se haría el 29 de octubre.
García, como Lula, defendió una profunda investigación del caso y negó con vehemencia cualquier participación del presidente en el episodio.
El PT adjudicó el hecho “a una movilización de la derecha” que involucra opositores y medios de comunicación, y que trataría de “desmoralizar a Lula y a las fuerzas de izquierda”.
Pero el caso dio munición a la oposición para atacar a Lula y al PT y, principalmente, para recuperar una esperanza que parecía perdida: descontar ventaja en los sondeos preelectorales y alcanzar una segunda vuelta.
“Estamos viendo una corrosión diaria de la credibilidad del presidente” Lula, dijo a una radio local Alckmin, quien acusó al gobierno de actuar como una “sofisticada organización delictiva”.
Alckmin sugirió que los recursos provendrían de los cofres públicos y se mostró confiado en que enfrentará a Lula en una segunda vuelta electoral.
